El fenómeno ambiental no es un evento pasajero. Hay una idea cada vez más omnipresente sobre que no puede existir calidad de vida sin justicia socioambiental. Frente a esta nueva dicotomía, la sociedad fiscaliza la relación costo-beneficio sobre las actividades productivas que ofrece nuestro país.
Las actividades extractivas como la minería requieren una enorme cantidad de energía, desde el punto de vista de los gases GEI (Gas de Efecto Invernadero), pero también significan un riesgo a los recursos directos, como el agua, cuya utilización (especialmente en lugares donde este recurso es escaso), está siempre sujeta a controversia, sin mencionar el riesgo de daño ambiental tanto al suelo como a los ecosistemas que rodean a los emplazamientos mineros.
La extracción de hidrocarburos, además de la enorme cantidad de energía que requieren, poseen in situ el riesgo de problemáticas tanto globales como locales: emisiones de gases GEI producto de la quema de combustibles fósiles, y el riesgo potencial de daño directo sobre el entorno.
Derrame de petróleo en Río Negro: los daños que puede provocar en el ambiente
Tal es así que podemos recordar los trágicos acontecimientos de Deepwater Horizon, en el año 2010, la plataforma petrolera situada en el Golfo de México que luego de un trágico accidente derramó cientos de miles de toneladas de petróleo crudo, o el caso del Exxon Valdez, petrolero averiado en las costas de Alaska en 1989.
Los miedos sobre estos desastres ambientales están hoy más presentes que nunca. A través del Decreto 870/21, en palabras oficiales del Gobierno: “El Estado Nacional, en conjunto con la Secretaría de Energía, otorgó la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de adquisición sísmica en áreas de exploración offshore”. Esto significa la posibilidad de iniciar un proceso de exploración petrolera en el Mar Argentino.
No es de extrañar que la noticia generó una gran reacción de los diferentes colectivos ambientales en rechazo total a esta medida. En la actualidad, los emprendimientos offshore en Argentina se encuentran en la Cuenca Austral.
Para el caso de los incendios, es importante recordar que la vegetación natural es, además del hogar de especies y ecosistemas, sumideros naturales de carbono, siendo elementos fundamentales para sostener la vida.
Los incendios en el delta del río Paraná de 2020, principalmente en Entre Ríos, pero también en Santa Fe y en la Provincia de Buenos Aires, se estima que consumieron más de 300.000 hectáreas. Si bien las causas son ampliamente discutidas, podemos encontrar una terrible combinación de sequía extraordinaria, especulación e irresponsabilidad humana.
Una Ley de Humedales que establezca definiciones concretas con respecto a los conceptos mínimos de lo que se entiende como humedal, sus extensiones en el territorio nacional, su importancia estratégica y la biodiversidad que albergan, puede ayudar significativamente a evitar este tipo de prácticas como la quema indiscriminada, tanto por especulación como por irresponsabilidad.
En la actualidad, estamos siendo testigos nuevamente de terribles incendios en la Patagonia, en donde asistimos impávidos a la destrucción de una de las geografías más hermosas de nuestro país.
En Chubut, encontramos un problema similar a todas las provincias que poseen recursos mineros e hidrocarburos: una posibilidad cierta de enormes recaudaciones fiscales para la provincia, y que su extracción a gran escala puede generar (y ha generado) daños significativos al medio ambiente del cual se extraen.
Hay un elemento jurídico que es vital para entender la problemática en relación a la minería. La Constitución Nacional incorporó en 1994 una novedad en su Art. 124 in fine, estableciendo que, “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. El precepto fundamental es que puedan desarrollar una autonomía económica que aproveche al máximo sus recursos.
La cuestión reside, al igual que en todas las problemáticas de recursos, en la siguiente pregunta:¿Cuánto daño puede soportar la sociedad (y el ecosistema circundante) en pos de los beneficios económicos?
"En Chubut, las grandes mineras pretenden redactar las normas"
Una problemática tan compleja como la que aquí se describe, no puede ser abordada por un debate de facciones. Argentina necesita un gran acuerdo ambiental que establezca las metas a corto, mediano y largo plazo sobre los recursos que desea explotar, los riesgos que se pueden asumir, y la ganancia, tanto económica como social de estos emprendimientos.
Una discusión que debe ser abordada también en un contexto de Federalismo Ambiental, en donde las provincias, como vimos, son protagonistas y responsables primarias de sus actividades extractivas, sin embargo, no podemos dejar librado únicamente a la autodeterminación de las gobernaciones, aspectos que tendrán un impacto en toda la República.
La ausencia de acuerdos nacionales sobre temas estratégicos es una constante en la historia argentina, sin embargo, hoy más que nunca somos testigos de la ingente necesidad de romper con este ciclo. No podemos librar al azar el futuro de las generaciones venideras, y tampoco podemos darnos el lujo de no discutir cada elemento, cada pérdida y cada ganancia sobre nuestros recursos naturales.
El litio, el nuevo oro blanco de la minería argentina
No hay respuestas sencillas a problemas complejos. Lo peor que podemos hacer frente a este panorama, es no dar una discusión pública, abierta y franca sobre el futuro ambiental de nuestro país.
* Leonardo Güi. Abogado. Docente de Derechos Humanos desde la Perspectiva Internacional, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, sede San Isidro, extensión áulica Tigre, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
