Argentina plantea cumplir sus compromisos internacionales mediante un sendero de descarbonización de la matriz energética acorde a sus capacidades tecnológicas y productivas, considerando sus posibilidades macroeconómicas y su delicado contexto social. En función de ello, se habla de un sendero compatible con la inclusión social y disponibilidad de divisas.
Plan. Hace unos días se publicó la resolución 1036/2021 de la Secretaría de Energía de la Nación con los Lineamientos para un Plan de Transición Energética nacional. El desarrollo del complejo hidrocarburífero -con grandes potencialidades de gas no convencional- podría contribuir no sólo a la transición energética global, sino también a aumentar los niveles de exportación a la región, y mejorar la performance de la economía argentina mediante la generación de divisas y la reducción de la vulnerabilidad externa.
El desarrollo de las potencialidades gasíferas como fuente de energía principal en todo el proceso de transición puede reemplazar combustibles líquidos en toda la región y como materia prima básica para la producción de hidrógeno azul, etapa previa conveniente en el tránsito de nuestro país hacia el uso pleno de energías ambientalmente sostenibles. De esta manera, Argentina contribuirá también a los procesos de transición de la región y del mundo, mediante exportaciones de gas natural, o su variante GNL, colaborando en la descarbonización global.
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En cuanto a la oferta, se plantean dos posibles escenarios. El primero implica mayores requerimientos de petróleo y gas natural con una participación en la generación de las energías renovables del 20% en la matriz eléctrica al 2030 (REN 20). En el segundo, se supone mayor requerimiento de gas natural y relativamente menores requerimientos de petróleo junto con una mayor participación de las energías renovables en la generación eléctrica alcanzando el 30% (REN 30).
El REN 30 pone el énfasis en aprovechar los recursos naturales renovables -en particular, viento y sol- a un ritmo de escalamiento que, necesariamente, derivaría en un aumento en la dependencia tecnológica de proveedores extranjeros y mayores requerimientos de divisas para el período. Por otro lado, el REN 20 se focaliza en el dominio de tecnologías y capacidades asociadas a los recursos, con el objetivo de que el suministro de energía sirva a objetivos de desarrollo socioeconómico amplio.
Por último, respecto a la mitigación del cambio climático, el REN 30 alcanza mayores reducciones que el REN 20, de cara al 2030. Sin embargo, acelerar el proceso de incorporación de renovables por encima de las posibilidades nacionales configuraría un problema estructural, al incrementar la dependencia tecnológica externa y la vulnerabilidad financiera.
¿Tenemos realmente una política pública energética nacional?
Historia. Tal y como lo expresa la resolución recientemente publicada, si algo nos enseña la historia es que nuestro país supo obtener grandes logros en materia de soberanía energética y desarrollo nacional cuando se fijaron objetivos claros y se impulsaron políticas estratégicas.
Esta última idea -con la que nadie puede estar en desacuerdo- nos lleva a pensar si en la práctica es así. ¿Tenemos realmente una política pública energética integral con el necesario consenso de todos los sectores como para constituir una política de Estado?
Si consideramos los pasos dados a través de sucesivas leyes y regulaciones en materia de renovables, hay una cierta coherencia en la proposición de metas, aunque también una fuerte condicionalidad de infraestructura y de orden macroeconómico: al cuello de botella del transporte y la falta (o la pérdida) de un canal cambiario que asegure el flujo de divisas, se suman a la condicionalidad estructural de la intermitencia y la dificultad de almacenaje.
Pero en los “Lineamientos” se abandonan las metas para fijar un sendero condicionado a determinadas variables. Y se pone al gas natural en el centro de la transición como reemplazo de los combustibles más contaminantes.
Finalmente, en el proyecto de ley de promoción de inversiones en hidrocarburos, que fue girado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, la transición energética está prácticamente ausente. Allí el principio rector parece ser la promoción de la producción de petróleo y gas natural mediante beneficios fiscales, arancelarios y cambiarios para una multiplicidad de proyectos de inversión a 20 años, con centro en Vaca Muerta. Y se pone al derecho a exportar y disponer de las divisas como una especie de premio a los que logren incrementar una línea de base de producción fijada por la Secretaría de Energía.
Dilemas. Si analizamos este panorama de condicionalidades, los distintos instrumentos de gobierno no parecen guardar una coherencia; en algunos casos parecen contradecirse entre sí. Pero como siempre la realidad debería ser el gran normalizador de lo que peyorativamente se ha dado en llamar la “excepcionalidad argentina”. Al enorme desafío de desarrollar un recurso de clase mundial como Vaca Muerta, se suma la necesidad de hacerlo en un plazo relativamente corto, de 20 o 30 años, marcado justamente por las exigencias de la transición energética a nivel mundial.
Vaca Muerta debería desarrollarse en 20 o 30 años
Ante este dilema podemos buscar algún tipo de diferenciación para nuestro país, pero tengamos en cuenta que las mismas empresas que están en condiciones de solvencia técnica y financiera para desarrollar nuestros recursos, se ven también alcanzadas por las urgencias de sus casas matrices y jurisdicciones de origen. Parece imperioso entonces alcanzar un amplio consenso interno que permita afrontar el doble desafío en condiciones de racionalidad, previsibilidad y seguridad jurídica.
*Socio de PAGBAM y Director de la Diplomatura en Derecho de los Hidrocarburos y de la Energía en la Universidad Austral.
