El contexto mundial post Covid-19 invita a la reflexión sobre los modelos de desarrollo y sobre las estrategias de regulación en materia económica y social.
Las diversas transformaciones que se han experimentado durante los últimos dos años en materia social y en el mundo del trabajo expresan un cambio cualitativo de las prácticas.
La transformación tecnológica de la comunicación y del manejo de datos (Big data) representa un cambio sustantivo de las condiciones de producción, distribución y consumo de las sociedades del siglo XXI. La desigualdad en conocimiento y tecnología representa el diferencial de desarrollo y de ingresos a escala territorial. Las posibilidades de establecer patrones de comportamiento y de manipular las decisiones particulares es una realidad del capitalismo de plataformas sobre el que se han establecido las estrategias de crecimiento de comercialización global. En este contexto, América latina transita un proceso de profundización de la desigualdad de ingresos y de pauperización de las condiciones de vida de la mayoría de la población.
¿Dentro o fuera del capitalismo?
La transformación de los patrones de consumo y de producción de valor se aceleró durante el período de la crisis del Covid-19 configurando un nuevo orden socio-económico. La transformación tecnológica aceleró la adopción de la virtualidad en el mercado de trabajo y en los patrones de consumo. El contexto post Covid-19 verá reducida la movilidad del factor trabajo por parte de políticas de control sanitario y de mayores niveles de percepción de riesgo personal.
Al mismo tiempo, se establecerán nuevas condiciones para la distribución del trabajo a escala internacional, mediadas por la tecnología. La distribución de valor entre territorios se verá amplificada, por un lado, a raíz de las barreras a la entrada del desarrollo de tecnología, al mismo tiempo que se crearán oportunidades en los territorios más deprimidos en la creación de contenidos y la gestión operativa de las plataformas. En este sentido, el movimiento principal (la innovación en la creación de plataformas) tenderá a ampliar las diferencias entre regiones. Actualmente, China, los Estados Unidos y, en menor medida, Europa son quienes concentran la generación de valor y las disputas por la hegemonía de liderazgo en la determinación de la adopción tecnológica de futuro.
La consolidación de una percepción de falta de oportunidades de largo plazo promueve sentimientos de indignación fortalecidos por la creciente desigualdad de ingresos. Las décadas de 1980 y 1990 conforman un período de reducción de las capacidades del Estado a escala internacional en sus acciones de planificación que en el caso de la región latinoamericana se potenció con la falta de eficacia respecto de la gestión de las políticas macroeconómicas. Esta situación, sumada al crecimiento durante el siglo XXI del capitalismo de plataformas, a la flexibilización de los controles de capitales y al crecimiento de instrumentos financieros (derivados y BTC) ha amplificado la desigualdad y reducido la capacidad de los Estados como reguladores de los procesos de innovación y de apropiación de las ganancias, que caracterizó el crecimiento más dinámico de la historia del capitalismo mundial (1945-1975). Esta creciente desigualdad se basa en el establecimiento de un consenso en el campo del pensamiento respecto de la propiedad como medio de legitimación, proceso que Thomas Piketty ha señalado como “propietarismo”. Esta desregulación de las desigualdades, acompañada por lo que Dubet describe como un proceso de frustración social basado en la percepción de la igualdad de oportunidades que promueve el pensamiento liberal clásico, configura un momento histórico de creciente violencia y depresión.
Los desafíos para el corto plazo se basan en superar la emergencia respecto de configurar un sistema internacional y local de oportunidades que promueva la creación de valor para el conjunto social. Esta conformación depende de las condiciones institucionales que permitan, por un lado, la creación de empleo para ampliar la demanda agregada y, por otro, la creación de incentivos para la inversión y la innovación que posibiliten la inclusión económica y el crecimiento de procesos de valor en conocimiento.
Es mediante la aplicación de impuestos como políticas de regulación de ingresos sociales que se podrá superar un período de creciente desigualdad. La implementación de un impuesto al capital, una tasa progresiva de impuesto al ingreso y un impuesto a la herencia son las regulaciones institucionales centrales que caracterizan a las sociedades cuyas dinámicas de generación y distribución del ingreso presentan mejores resultados (crecimiento, distribución y sostenibilidad social) de largo plazo. Es central la presentación de marcos regulatorios específicos y sus resultados en las dinámicas de largo plazo.
Establecer regulaciones institucionales que coloquen los incentivos correctos para la toma de decisiones representa el principal desafío de las administraciones gubernamentales y su éxito depende de la efectiva generación de sociedades con mayores ingresos. En el marco de la cuarta revolución industrial y superando la pandemia del Covid-19 es tiempo de replantear nuestros arreglos sociales y nuestros mecanismos de integración y eficiencia.
La crisis sanitaria internacional produjo un cambio de las percepciones respecto de las posibilidades de realización de las acciones de las personas y de las comunidades. Se ponderan las categorías relacionadas a lo comunitario (como la solidaridad, la empatía y la sustentabilidad) y a lo individual (relativo al consumo, a la producción y la expresión) con nuevos condicionantes y desafíos. Pero la relatividad de las posibilidades de acción individual incrementó la incertidumbre y la angustia en un contexto de parálisis del sector productivo.
El objetivo principal de la región latinoamericana es superar la pobreza. Este desafío se corresponde con la necesidad de abordar un plan estratégico que permita iniciar un proceso de desarrollo de capacidades. La pobreza sería en sí misma la negación de la realización de las capacidades del individuo. Sin embargo, resolver la cuestión de los ingresos no sería suficiente para conseguir la libertad. Por eso, es fundamental trasladar el centro de estudio desde los medios sobre los que se piensan las políticas de tratamiento de la pobreza a los fines que las personas tienen razones para valorar y, por tanto, a las libertades necesarias para poder satisfacer esos fines. En este sentido, el objetivo es garantizar una calidad de vida que aspire a la realización de las capacidades individuales.
Aun con las estrategias de flexibilización cuantitativa llevadas a cabo por los principales bancos centrales y el crecimiento de los Estados Unidos y Europa de los últimos años, la estabilidad futura se encuentra amenazada tanto por la desigualdad de ingresos (que afecta el consumo real) como por los problemas ambientales y sociales. Los organismos multilaterales demuestran sus límites y su incapacidad para establecer verdaderos senderos de transformaciones. Tanto el impuesto Tobin como las propuestas elaboradas por intelectuales como Piketty son desoídos e ignorados en pos de una profundización de las actuales políticas.
Por qué no nos duele la desigualdad
En un marco signado por la inestabilidad económica, el estancamiento de los salarios reales a nivel mundial (desde hace 40 años) y el crecimiento de la deuda representan la expresión de la necesidad de seguridad y estabilidad. Las políticas públicas deberán incluir nuevos principios y objetivos de largo plazo que incorporen acciones de gestión de las nuevas posibilidades y amenazas. Los determinantes de la gestión pública vinculados a la gobernanza moderna requieren incorporar a la planificación estratégica la construcción de consensos que incluyan el desarrollo de capacidades. El mercado mundial modificará los componentes y los flujos priorizando el abastecimiento de productos esenciales y la seguridad estratégica. El futuro de la región depende de comprender los cambios que la pandemia ha acelerado y en este sentido las oportunidades y desafíos que ello implica.
* Miguel Francisco Gutiérrez, director del Centro de Estudios Económicos e Históricos sobre Desarrollo de la Universidad de Belgrano.
