A siete años de la sanción de la Ley N° 26.844 en Argentina, gran parte de las trabajadoras de casas particulares pertenece a un hogar pobre y el 73% no cuenta con aportes a la seguridad social. ¿Qué barreras obstaculizan la mejora de las condiciones laborales? El futuro de esta ocupación ¿será como su presente?
Por más de cincuenta años, la legislación del trabajo de casas particulares fue escasa e insuficiente. Sin dudas el avance más significativo en materia de derechos laborales y protección social estuvo plasmado en la adopción del Convenio 189 definido por la OIT en 2011, y la sanción en Argentina de la Ley N° 26.844 en 2013, que estableció el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares derogando el excluyente Estatuto de 1956.
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Uno de los principales avances de dicha ley fue el reconocimiento de derechos de un amplio conjunto de trabajadoras sin distinción de carga horaria, estableciendo diferentes modalidades contractuales. Asimismo, esta norma limitó la intensidad de la jornada laboral, reconoció la representación gremial, incorporó la negociación colectiva, la mejora en las remuneraciones y coberturas de la seguridad social, incrementó las protecciones ante despidos y amplió las vacaciones y licencias. La incorporación de la licencia por maternidad fue uno de los principales logros en una actividad fuertemente feminizada.
Durante los períodos kirchneristas, el gobierno nacional tuvo un rol muy activo en la sanción de la nueva ley y en la aplicación de otras medidas que permitieron reducir la informalidad laboral. En el período que va desde 2004 a 2019 se observan dos momentos en los que la tasa de empleo no registrado del sector bajó considerablemente. Uno en 2005, con la Ley N° 26.063 que permitió a empleadoras/es deducir del Impuesto a las Ganancias salarios y contribuciones patronales; otro en 2013, con la Ley N° 26.844 que regula integralmente el sector.
Hoy en día, a pesar de los avances mencionados, la tasa de empleo no registrado del sector se encuentra entre las más altas y los niveles salariales entre los más bajos del mundo del trabajo. ¿Qué barreras obstaculizan la mejora de las condiciones laborales?
Por un lado, el trabajo de casas particulares condensa múltiples desigualdades (de clase, género, estatus migratorio, entre otras) que lo ubican injustamente en un lugar subordinado del mundo laboral. La existencia de este tipo de empleo implica que hogares con ingresos medios y altos empleen a trabajadoras para realizar las tareas domésticas y de cuidado del hogar. Estas relaciones laborales se desarrollan, generalmente, bajo modalidades informales y con remuneraciones bajas que reproducen las desigualdades de clase. Del total de asalariadas que se ocupaban en este sector en 2018, el 46,3% pertenecía a un hogar pobre o indigente (1) . A su vez, esta rama es una de las más feminizadas, las mujeres representan al 97,9% de asalariados/as en casas particulares (2), y para las trabajadoras migrantes es el principal nicho de inserción sectorial.
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La intersección de estas desigualdades se traduce en barreras socioculturales. Un eje fundamental es la influencia de la dimensión afectiva y de cercanía en el vínculo entre trabajadoras y empleadoras/es, ya que el espacio de trabajo es al mismo tiempo el ámbito de intimidad de las personas contratantes y sus familias. Estos niveles de proximidad en muchas ocasiones dificultan la realización de reclamos o negociaciones laborales y empañan la posibilidad de hacer efectivos los derechos reconocidos.
Por otro lado, dos cuestiones que atañen a la particularidad de esta ocupación por desarrollarse en hogares se traducen en barreras institucionales: las dificultades de fiscalización estatal y los obstáculos para la sindicalización. En nuestro país el derecho constitucional de la inviolabilidad del domicilio prevalece por sobre la inspección laboral, generando dificultades para aplicar los mismos mecanismos de fiscalización que se utilizan en otros sectores de actividad. A su vez, la interacción entre las trabajadoras es compleja. Si bien existen espacios de circulación de información por fuera de los hogares (como las plazas, las escuelas, los lugares donde se realizan las compras, las redes sociales), la diversidad de situaciones laborales y la identificación frecuente de esta actividad como un empleo transitorio, constituye un conjunto de dificultades para la sindicalización.
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La nueva ley marcó un hito en la ampliación de derechos. Ante las barreras del presente, son fundamentales las políticas estatales que arbitren las relaciones laborales, fortalezcan los actores colectivos de representación, generen nuevas formas de fiscalización e intensifiquen la difusión de los derechos reconocidos. Asimismo, es clave aplicar políticas integrales que modifiquen la estructura del mundo del trabajo y promuevan la reflexión sobre estereotipos de género y creencias socioculturales limitantes. Reinstalar estas dimensiones en la agenda pública y avanzar con dichas políticas es crucial para vislumbrar un futuro más próspero de las trabajadoras, en el cual la mejora sus condiciones laborales sean un hecho.
[1] Fuente: Atenea en base a EPH-INDEC, IV T 2018.
[1] Fuente: Atenea en base a EPH-INDEC, IV T 2018.
* Investigadora de Atenea Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional. Licenciada en Ciencia Política, Maestranda en Políticas Sociales (UBA).
