Tras un veredicto dilatado por el recuento definitivo de votos por parte de la Corte Electoral Uruguaya, la victoria del nuevo Presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, puso fin a un largo mandato de la centroizquierda en dicho país (15 años en manos del Frente Amplio). Lacalle Pou partió con una base de casi 20% de votos en las Primarias (55% dentro del Partido Nacional, sobre otros tres precandidatos, con una fuerza que en su totalidad cosechó casi el 40% de los votos). Luego obtuvo 28,6% en la Primera vuelta (frente al 39% de Daniel Martínez, Frente Amplio). Este inquietante resultado puede analizarse dentro del excelente trabajo académico escrito por el Dr. en Ciencia Política Aníbal Pérez-Liñán (docente de la Universidad de Pittsburgh) titulado “La reversión del resultado en la doble vuelta electoral: Una evaluación institucional del balotaje” publicado en la revista “Miríada: Investigación en Ciencias Sociales” (Año 1, Número 1, pág 9-33, 2008).
El autor allí propone una evaluación comparativa del sistema de doble vuelta que está prácticamente instalado en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos: “en los últimos años un gran número de países latinoamericanos ha adoptado este sistema en la creencia de que permite resolver un doble problema: evita la elección de presidentes con limitada legitimidad electoral (es decir, incapaces de superar el umbral mínimo) y por ende garantiza una mayor gobernabilidad del sistema democrático” afirma Pèrez-Liñán. Uruguay ha adoptado el sistema de doble vuelta desde la reforma Constitucional de 1997, además de la inclusión de Primarias (internas) abiertas, eliminando las candidaturas múltiples presidenciales que imperaron hasta las elecciones de 1994 (sistema de doble voto simultáneo, o más conocido como “ley de lemas”, donde la fórmula ganadora no resulta vencedora a partir de obtener una simple pluralidad de sufragios sino que la victoria es para la fórmula más votada que integra el “lema”, o lista ganadora, aunque dentro del “lema” perdedor haya una fórmula que obtuviese más votos entre todas las que participan).
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Pèrez-Liñán advierte: “con la reversión del resultado, los beneficios y los problemas del sistema de doble vuelta adquieren su máxima dimensión (...) La mayoría artificial, creada en un contexto de polarización previo a la segunda vuelta, genera un falso sentido de respaldo público para el nuevo presidente, quien rápidamente puede verse abandonado por la opinión pública”.
En ese sentido, y a partir de la hipótesis de Pérez-Liñán, la victoria de Lacalle Pou puede ser comparada a la de Mauricio Macri en nuestro país o de Pedro Kuczynski en Perú.
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Macri partió en las Primarias Abiertas Simultáneas y obligatorias (PASO) de 2015 con un 24,5% de votos (un “núcleo duro”, que lo respaldó en primera instancia), venciendo a Elisa Carrió y Ernesto Sanz, sus contendientes dentro de Cambiemos. “El núcleo duro” del candidato más votado (Daniel Scioli, Frente para la Victoria, oficialismo) fue de 38,6%. En la primera vuelta, Scioli quedó en 37,8% mientras que Macri escaló a 34,15%. La necesidad de segunda vuelta acorde a lo establecido la Constitución Nacional (Art. 96,97,98) debió cumplirse y Macri terminó revirtiendo el resultado obteniendo 51,3% frente a 48,7% computado por Scioli. Si bien Macri pudo sortear con éxito los dos primeros años de gestión resultando vencedor en las elecciones legislativas de medio término en 2017, no logró allí instalar una primera minoría sólida en Diputados (108 sobre el total de 257, además quedó obligado a una fuerte negociación para alcanzar el Quórum necesario para iniciar una sesión en el recinto) ni tampoco en Senado (24 sobre el total de 72). El agravamiento de la recesión de la economía hizo su parte (comenzando a socavar su nivel de aceptación sobre la opinión pública, 48% imagen positiva y 49% imagen negativa según estudio publicado por la consultora IPSOS en noviembre de 2018).
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Volviendo al estudio de Pérez-Liñán, conviene rescatar lo que el autor considera como “Crisis de gobernabilidad”, definiendo el concepto como “una variable que es capaz de alcanzar diferentes niveles de gravedad. El primer nivel es el de la “política normal”: el Presidente y la oposición deciden cooperar o confrontarse dependiendo de las circunstancias, pero siempre dentro de un marco de regularidad institucional (por lo que no existe una verdadera crisis)”. Este punto es importante subrayarlo, porque si bien Macri está próximo a completar su mandato constitucional deben resaltarse dos aspectos: una relación tensa con el Congreso durante la segunda mitad de su mandato (tuvo que pagar el costo político de vetar la ley de tarifas sancionada por amplio acuerdo de la bancada opositora, además de numerosos rechazos por parte de la comisión bicameral de Trámite Legislativo a decretos de necesidad y urgencia firmados por Macri, entre ellos el de régimen de extinción de dominio) y a ser el primer Presidente en no poder lograr la reelección tras la Reforma Constitucional de 1994 (como Menem en 1995 y Cristina Fernández de Kirchner en 2011).
Las dificultades de Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio) en Perú tras ser electo Presidente en 2016 fueron mucho mayores. En primera vuelta obtuvo el 21% de los votos frente a su contrincante, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) quien logró 39,8% de sufragios. Al no haber superado el umbral del 50% de los votos válidamente emitidos, debió efectuarse una segunda vuelta electoral. Aquí también se produjo una reversión bastante inesperada, aunque muy apretada: Kuczynski fue electo Presidente con el 50,1% de votos, derrotando a Keiko Fujimori que obtuvo el muy cercano 49,9%. En el Congreso de Perú quedó reflejada la diferencia brutal entre una instancia y otra: Fuerza Popular (Fujimori) quedó con 73 diputados sobre 130 y el “ganador” Kuczynski con apenas 18 bancas. En 2017 una serie de escándalos relacionaron al Presidente peruano con el caso Odebrecht (la constructora brasileña que fue relacionada a pago de coimas y sobornos a diversos funcionarios y presidentes de diferentes gobiernos), a partir de una relación de firmas a su nombre vinculadas con el pago de sobornos. Esto llevó a un primer pedido de “moción de vacancia” (atribución que cuenta el poder legislativo peruano en su Constitución nacional en su Artículo 113 para remover al Presidente por incapacidad moral o física, entre otros factores) donde la oposición no logró concentrar los dos tercios necesarios, aunque tras el indulto al ex Presidente Alberto Fujimori (sospechado como parte de “agradecimiento” negociado con sectores del Frente Popular), el Congreso insistió en otro pedido por “incapacidad moral” que no llegó a votarse por la abrupta renuncia de Kuczynski en marzo de 2018.
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A posteriori, la situación no se mantuvo demasiado ordenada: Martín Vizcarra, quien reemplazó en la presidencia a Kuczynski, mantuvo una fuerte tensión con el Congreso que culminó con su drástica decisión de disolverlo (Artículo 134 de la Constitución política permite al Presidente de Perú disolver el Parlamento cuando este cuerpo niegue la confianza a dos consejos de ministros, mediante Decreto Supremo). El Congreso respondió suspendiendo al Presidente en sus funciones y tomando juramento a Mercedes Aráoz Fernández, primera en la línea de sucesión, aunque el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas a favor de Vizcarra, sumado a un ferviente apoyo popular a su figura, llevaron a Aráoz Fernández a renunciar al día siguiente. Por el momento, Vizcarra siguen en funciones y se espera que en Enero de 2020 se produzcan las elecciones para elegir un nuevo Congreso, ya que el actual (dado el Decreto Supremo de Disolución) se encuentra representado por la Comisión Permanente (integrado por un Presidente, tres Vicepresidentes y 28 congresistas, en funciones hasta que jure el nuevo Congreso electo por sufragio popular).
La crisis peruana representa lo que Pérez-Liñan describe como “Crisis de Gobernabilidad” de segundo nivel: “se alcanza cuando uno de los Poderes electos abiertamente cuestiona la legitimidad del otro y plantea su disolución (por ejemplo, un juicio político contra el Presidente o el cierre del Congreso por parte del Ejecutivo)”. Pero también, a diferencia de Argentina (donde la polarización llevó a una fuerte división en el Congreso mayoritariamente entre un oficialismo y una oposición fácilmente distinguibles), en Perú el sistema de partidos es mucho más débil y fragmentado. De ahí que quizás el caso uruguayo mantiene la salvedad de presentar un sistema multipartidista más ordenado (además del abierto apoyo del Partido Colorado y Cabildo Abierto a Lacalle Pou para la segunda vuelta, y la efectiva posibilidad de conformar un gobierno de coalición). “La característica común de todos los casos en los que la reversión del resultado condujo a una crisis institucional ha sido un sistema de partidos débil y fragmentado. Por el contrario, en sistemas de partidos más institucionalizados , y en especial cuando los líderes partidarios han sido capaces de forjar coaliciones, los efectos negativos de la reversión del resultado han sido controlados”, sentencia Pérez-Liñán.
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Este repaso adquiere relevancia por dos aspectos de la coyuntura actual: la crisis socio-política en muchos países de Latinoamérica (Chile, Ecuador, Perú, la dramática y violenta interrupción institucional en Bolivia y las fuertes protestas recientemente realizadas en Colombia) y la posición ideológica de Lacalle Pou, más cercana al conservadurismo de derecha de Bolsonaro en Brasil que al progresismo adherente al Grupo de Puebla de Alberto Fernández en Argentina (quien además, venía de apoyar abiertamente a Daniel Martínez, del Frente Amplio). La incertidumbre sigue ganando terreno en la región y el tablero geopolítico sudamericano no parece aquietarse demasiado.
