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OPINIóN
lunes 27 enero, 2020

Con puertos privados, distribución de riquezas y desarrollo son entelequias

En estos días, la cuestión portuaria debería ocupar un lugar de privilegio en la agenda pública, tanto a nivel de provincias como de la Nación.

Dr. Víctor Ego Ducrot*

El Puerto de Buenos Aires Foto: Google
lunes 27 enero, 2020

Son cosas de la política, eso de resignificar hechos que fueron o son noticias. A título de ejemplos, dos casos de las últimas horas. Primero: las transas con el Banco Nación no son las primeras maniobras oscuras del holding Vicentín.

El ex Federación Agraria y actual dirigente del Movimiento Agrario, Pedro Peretti, dijo hace pocos días al diario Página 12: “Esto del Banco Nación no es la primera joda de Vicentín; ya hicieron otra igual allá por 1987, cuando con plata del Banco de Santa Fe, construyeron el puerto de San Lorenzo. Jamás pagaron ese crédito”.

Segundo: las internas entre distintos protagonistas del poder en la Rosada, gobernadores del Litoral y ciertas voces públicas y privadas que actúan desde La Plata, es decir en los alrededores de Axel Kicillof, todos en la puja por definir quién finalmente se quedará con la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.

Se trata de una de las llaves maestras para el manejo de la Hidrovía Paraná- Paraguay del mega negocio argentino, ese que se teje y desteje, casi siempre entre la sombras de las falsedades y las evasiones, en los puertos privados, prácticamente sin controles por parte del Estado y a disposición de las manipulaciones y falsificación de datos por parte de los jugadores decisivos de las exportaciones granarías.

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Una y otra vez, el tema puertos ocupa el centro de la agenda económica y política, pese a que a su operadores no les gusta la luz pública. Recientemente, cuando Kicillof no logró la reforma fiscal que se proponía porque, entre las concesiones que debió hacerle a Cambiemos, una decisiva fue la reducción sensible en la carga impositiva a las terminales fluviales y marítimas bonaerenses – el lobby funcionó como pieza de relojería –, fue entonces que en el oficialismo provincial comenzó a hablar de “de desarticular los consorcios portuarios” y de la eminencia de un proyecto de ley al respecto, a ser enviado a la Legislatura.

El periodista Cristian Lora consignaba el pasado 9 de enero en el sitio LPO, declaraciones de Teresa Rodríguez, ministra de Gobierno de Kicillof acerca de de esos consorcios: "Son entidades cuasi privadas y lo poco que tributan queda en manos del propio consorcio (…). La provincia no percibe ningún ingreso por la actividad portuaria” Y añade el colega en el mismo texto: “el consorcio portuario es un ente público no estatal que administra el puerto (…). En la mesa (…) se sientan el sector privado, los sindicatos y los municipios, aunque en los hechos prevalece la fuerza de las empresas (…). Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurre dentro de los puertos. Tienen total independencia de la provincia en términos jurídicos, financieros, contables y administrativos. Mientras que el Tribunal de Cuentas hace un tardío seguimiento de los números. Con más de 1.500 kilómetros de costa, la provincia cuenta con 12 puertos públicos y más de 200 que se utilizan con fines recreativos. Desde el Puerto de San Nicolás, sobre el Paraná, hasta Carmen de Patagones, sobre el río Negro, la eficiencia del sistema portuario bonaerense es vital para el sector productivo”.

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Lo afirmado respecto de la impunidad con que se manejan las empresas privadas a cargo de los puertos – siempre pertenecientes a la trama de las agroexportadoras dominantes, las que ocultan los verdaderos volúmenes de cargas y por ello no pagan ni por asomo los derechos (retenciones) que deberían pagar– fue constado por quienes en distintas oportunidades recorrimos casi todos ellos y no sólo los bonaerenses, en tanto profesionales de la Comunicación involucrados en la propuesta democratizadora y recuperadora de las terminales marítimas y fluviales para el patrimonio de la sociedad más importante desde el restablecimiento del orden democrático, en 1983; cuando en mayo de 2014, el entonces vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, lanzó su iniciativa de recuperar el control estatal  por etapas  de los puertos de esa jurisdicción, fijar una reserva de carga de aproximadamente el 30 por ciento de todos los fletes y crear un empresa pública reguladora de las exportaciones.

Quien antes fuera decano de Sociales de la UNLZ y responsable político del proyecto que culminó con la sanción y promulgación, en 2011, de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, se propuso con el proyecto puertos, generar fondos genuinos aplicables a los presupuestos para servicios públicos como educación, salud, justicia y seguridad, entre otros.

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Ese proyecto fue previamente debatido en Foros Ciudadanos que tuvieron lugar en Universidades Públicas y centro sindicales, con la participación multitudinaria de vecinos en cada caso, especialista en diversas áreas de la función pública y organizaciones sociales, una experiencia participativa que retomó de los foros que él mismo había organizado en todo el país cuando se discutía la ley de medios y que en su momento, se decía en las cercanías del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, debería ser replicada en cada provincia sobre temas centrales y estratégicos.

Ello nunca sucedió, como tampoco prosperó la iniciativa sobre puertos elaborada por Mariotto desde el Senado provincial, con un fuerte apoyo de organizaciones sindicales del sector, tan cual una y otra vez lo expresó Adolfo Borja, del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP).

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Jamás se hicieron públicas las explicaciones de por qué no prosperó la iniciativa del vicegobernador por parte de las autoridades ejecutivas, tanto nacionales como provinciales, que eran las que, en definitiva, tenían a su cargo la responsabilidad del apoyo político o no a emprendimientos públicos de esa envergadura.

En estos días, la cuestión portuaria debería ocupar un lugar de privilegio en la agenda pública, tanto a nivel de provincias como de la Nación, toda vez que la crisis de un endeudamiento impagable y la rotura de los tejidos sociales, con bolsillos populares que no alcanzan para la vida digna, consecuencias del canibalismo cambiemita de cuatro años, obligan a pensar en serio en mecanismos de obtención de divisas, de distribución equitativa de la riqueza y de soluciones urgentes para las necesidades de los más amplios contingentes sociales. Sin el cumplimiento de esos objetivos, el actual gobierno podrá ingresar en zonas de turbulencias políticas y sociales, y por supuesto por ahí también pasan las estrategias restauradores de la derecha más concentrada, que hoy gozan de impunidad y están al acecho.

“Los Derechos de Exportación -denominadas retenciones- en Argentina no son un recurso fiscal extraordinario y transitorio, sino un instrumento fundamental de política económica para equilibrar las consecuencias de la estructura productiva desequilibrada”, acaba de afirmar con precisión técnica Daniel E. Novak, economista de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en un artículo que este último fin de semana circuló por las redes sociales.

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Esas “retenciones” son entonces herramientas de primer orden para la distribución de riquezas y el desarrollo sustentable en el tiempo, con estabilidad democrática y sin asaltos endeudadores.

Pero si a la hora de fijar y administrar esos derechos a las exportaciones, el Estado no sabe qué y cuánto se exporta, porque esa información se oculta entre los pliegues secretos de los puertos privados, entonces sí la distribución de riquezas y el desarrollo serán entelequias, y los argentinos seguiremos atrapados en la maraña oligárquica.

Las enseñanzas de aquel enorme pensador italiano del siglo XVIII, Giambattista Vico, acerca de que la historia no avanza de forma lineal, impulsada por el progreso, sino en forma de ciclos que se repiten, nos permiten una doble reflexión final: allí está al alcance del gobierno de Alberto Fernández y de los gobernadores involucrados la perfectible iniciativa Mariotto de 2014 y la posibilidad de recuperar la terminales marítimas y fluviales para el Estado, en vez de disputar por dudosas administraciones que no son tales.

Y sí, por último, los puertos, siempre los puertos, esos puntos de desencuentro a lo largo de toda la historia argentina, que pudieron ser puertas para la riqueza con justicia social de una nación independiente pero terminaron como signos del dominio oligárquico.

(*) Doctor en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Profesor titular de Historia del Siglo XX (Cátedra II) en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Director del sitio informativo AgePeBA.


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