La política entrerriana acaba de dar una muestra clara de madurez, unión y visión de futuro. La reciente sanción de la Ley de Paridad Integral de género representa un acto de reparación, a la vez que constituye un paso sustantivo para la consolidación de las instituciones democráticas de nuestra provincia que se suma con especial protagonismo a un capítulo simultáneo y no menos significativo como lo es la realización del primer juicio por jurados de la provincia. Ambos movimientos expresan la decisión de acercar las instituciones a las personas.
Este avance histórico que significa la Ley de Paridad parte del reconocimiento a la desigualdad de género vigente en nuestra sociedad, algo en lo que es necesaria la intervención del Estado. Por eso el principal desafío que tenemos por delante radica en bregar por la aplicación plena de este derecho que acaba de consagrar la legislatura entrerriana.
Tuvieron que pasar casi 200 años para que nuestra provincia tenga por primera vez una vicegobernadora, algo tan necesario como transformador. Este dato por sí solo ayuda a dar por tierra las perspectivas que pretenden oponer la idoneidad en el debate. ¿Realmente somos tan idóneos los varones como para que nunca, en 200 años, una mujer haya podido acceder a los más altos cargos de la política en la provincia?
Sin embargo, esto sucedió recientemente en Entre Ríos, y en apenas un año produjo un hecho histórico e instauró una conquista fundamental para los derechos políticos de las mujeres entrerrianas de acá al futuro como lo es la consagración de la participación igualitaria de mujeres u hombres en los ámbitos de decisión de la política y la sociedad.
Sabemos que el consenso mayoritario logrado por la Ley de Paridad Integral dentro del espectro político y social de Entre Ríos abrirá las puertas a un escenario de justicia de género. Tal y como lo demostraron durante la gestación de este proyecto que se acaba de convertir en Ley, el protagonismo igualitario de las mujeres en la política y la vida social, posibilitará la introducción de nuevos paradigmas, lógicas y agendas indispensables en la dialéctica entre las instituciones políticas y el conjunto de la sociedad.
En el mismo sentido, las y los entrerrianos asistimos por estas horas a otro hecho significativo en materia de democratización de las instituciones. La sustanciación del primer juicio por jurado popular de nuestra provincia expresa un capitulo novedoso en el seno de la justicia. Vale decir que dicha institución fue concebida también bajo la óptica de la paridad de género, al fijar que de los 12 jurados populares seis deben ser varones y seis mujeres. Estamos ante el comienzo de dos procesos que, entendemos, redundarán en una mejor calidad democrática al tiempo que conforman un escenario en el que las instituciones se acercan a la gente.
Promover una ciudadanía que participe activamente en la construcción de nuevos y más derechos es el camino principal para unir a la sociedad, edificar consensos, encontrar puntos de encuentro y fortalecer los lazos y las respuestas comunitarias que tanto necesitamos de cara al futuro. Ese es quizás el principal saldo que nos deja la experiencia que devino en la sanción de la Ley de Paridad Integral, y está también en el espíritu de la sustanciación del Juicio por Jurados.
Por ello, en Entre Ríos creemos que la igualdad constituye el puntapié para remover las limitaciones actuales y concretar ese anhelo de dignidad, convivencia y progreso que albergan con esperanza las mujeres y hombres de esta tierra.
*Gobernador de Entre Ríos.
