En abril de este año vence el período promocional para el sector establecido por la Ley 26.041. Si alguien tuviera el tiempo necesario para estudiar las numerosas modificaciones que sufrió el mismo a través de decretos, resoluciones ministeriales y de la Secretaría de Energía, memoranda de entendimiento entre productores y el Estado nacional, y leyes y decretos provinciales, llegaría a la conclusión de que lo mejor que se puede hacer por el país, es evitar la existencia de regímenes de este tipo, caracterizados por el intervencionismo estatal, la falta de continuidad de las normas, la creación de oportunidades para otorgar beneficios difíciles de explicar e ignorar sistemáticamente -en aras de los intereses de los beneficiarios- los intereses del consumidor y de los contribuyentes y, lo que no es menos importante, dejar de lado toda consideración relacionada con el cuidado del medio ambiente.
Esta ley regula la actividad en tres sectores: biogás; etanol y biodiesel. Poco podemos decir sobre biogás, dado que no ha habido un gran desarrollo en el país. La producción de etanol está esencialmente ligada a la producción de caña de azúcar, especialmente en la Provincia de Tucumán. Teniendo en cuenta la grave situación económica y social en que se encuentra dicha provincia, lo recomendable es evitar la adopción de ninguna nueva disposición que pueda llegar a agravar los problemas de los habitantes de Tucumán.
Muy distinto es el caso del biodiesel. Desde la aprobación de aquella ley, surgió un sector que cuenta hoy con 37 o 39 plantas de producción y que, con o sin los beneficios de la misma pero al amparo de los diferenciales de derechos de exportación de la soja y del biodiesel, hoy exporta unos 1.200 millones anuales de dólares. Este solo hecho nos obliga a pensar en el futuro del sector y en cómo maximizar los beneficios derivados de un régimen especial para que alcancen al conjunto de la población y no solo a las empresas productoras.
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Sería conveniente que, a la hora de prorrogar o modificar este régimen, se tenga en cuenta la experiencia recogida pero además se tomen en cuenta otros factores. El primero de ellos es que, al calcular el balance del impacto ambiental de la producción adicional de insumos (soja, por ejemplo) para producir biodiesel, resulta necesario incorporar no solo las emisiones de carbono y otros gases tóxicos sino también los derivados del deterioro a largo plazo, tales como exceso de concentración de productos tóxicos en el suelo y en las napas superiores derivados del uso de agroquímicos de difícil o lenta disolución. Solo a partir de ese cálculo se podrá juzgar si se justifica el incremento de producción para incorporar a combustibles de consumo local.
El segundo, es la necesidad de condicionar la continuidad de las ventajas derivadas de este régimen a la búsqueda de otras fuentes de provisión de insumos. Estamos posiblemente entrando en un período de precios internacionales elevados para la soja y otros productos exportados por nuestro país: maíz, trigo, girasol, cebada. Si los hidrocarburos siguieran la misma tendencia posiblemente no se altere -o se altere poco- la ecuación costos de insumos/precios del producto del producto final que justifica la producción de biodiesel. Pero de no ser así, sería conveniente para el país, que se pusiera en acento en otras formas de transformación de la materia prima y de agregarle valor, básicamente a través de la producción de carnes bovinas, porcinas y aviar.
Al mismo tiempo, debería ponerse como condición para permitir que las plantas procesadoras actuales o futuras pudieran seguir gozando de la ventaja del mercado cautivo que crea la mezcla obligatoria con combustibles convencionales, que a partir de un plazo razonable se reemplace el aceite de soja por otros insumos ya probados y cuyos rendimientos a la hora de producir biodiesel pueden ser incluso superiores a aquel. Los casos más notorios son los de la Jatropha Curcas y la Colza (Canola). La ventaja del primero es que se trata de una planta perenne apta para suelos de descarte no aptos para siembra, resistente a la sequía y adaptable a zonas de lluvias escasas. Su producción está ampliamente difundida en la India y en algunos países de Africa, y en la Argentina se vienen haciendo experimentos de adaptación de variedades y producción, con éxito, desde hace más de quince años. La colza canola, ampliamente difundida en Canadá, China, India, Europa Occidental y en los pedemontes cordilleranos del centro-sur de Chile. Muy apta para la intersiembra con trigo y avena, en Europa Occidental es la materia prima del 44/48% del biodiesel que allí se produce. Si bien con rendimientos en términos de aceite más bajos que la soja, bien podría producirse en amplias zonas del país hoy ocupadas por producciones de menor valor y rendimiento y haría su aporte a la mejora de los suelos en zonas de producción intensiva de soja.
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En tercer lugar, es evidente que nos vamos acercando al final de la era de los hidrocarburos, ya sea por el avance de las formas “no convencionales” de producción de energía (eólica, solar) a través de la reducción acelerada de costos o de los progresos logrados con los motores eléctricos basados en baterías de litio. Por no mencionar los motores a hidrógeno que ya están más allá de la etapa experimental y cuyo uso se está ampliando aceleradamente en vehículos de transporte en China. Todo indicaría entonces que, más allá de lo que se haga para mantener el autoabastecimiento de petróleo y aumentar la producción de gas, gracias a la técnica del “shale”, si hay recursos del Estado para destinar a la promoción de la producción de combustibles, estos deberían dirigirse hacia el litio, del que por suerte tenemos abundantes recursos que recién se comienzan a explotar.
Queda una reflexión final para aportar. El mercado del biodiesel es posible que progrese en aquellos países preocupados por las consideraciones medioambientales, países en los que, al mismo tiempo, suelen predominar fuertes corrientes proteccionistas en el sector agrícola. Ya lo hemos visto con las acciones anti-dumping y otras medidas proteccionistas adoptadas en los Estados Unidos y en la Unión Europea contra las exportaciones argentinas. Esta es entonces una dimensión que debería estar siempre presente en el diseño de políticas en esta área. Cabe citar por ejemplo la intención europea de prohibir las importaciones de aceite de palma, especialmente de Indonesia, utilizado para la mezcla con aceites locales para la producción de biodiesel. No habría que descartar que en el futuro surjan normas impidiendo la importación de biodiesel o de materia prima que provenga de materiales genéticamente modificados (GMO). En ese sentido, resulta particularmente interesante que en Argentina se haya introducido recientemente la producción de Carinata, una suerte de colza de baja calidad, de “probado impacto sustentable para la captura y reducción de gases de efecto invernadero” por su gran capacidad para convertir el dióxido de carbono de la atmósfera y almacenar carbono en el suelo, según sus promotores. En todo caso, el aceite que se obtiene resulta apto para la producción de biocombustibles de segunda generación para uso en aviación.
* Diplomático y economista.
