El martes 12 de noviembre en el Congreso Nacional se dieron dos pasos muy importantes en materia legislativa tendiente a dotar de herramientas al Estado y principalmente a la dirigencia y a la ciudadanía para ser actores corresponsables en la tarea de generar un cambio de hábitos y acciones ante la problemática de los desastres ambientales que ya sufrimos.
Entre tantos problemas acuciantes, podemos enumerar los gases, producto de combustibles fósiles, el aumento de temperatura global, el cambio drástico en los regímenes de lluvia, el aumento del nivel del mar, los problemas en materia alimentaria que se ocasionan por los fenómenos imprevistos en los regímenes de cosecha, mayores índices de cáncer de piel, entre otros temas de relevancia.
Volviendo sobre los dos hechos políticos de radical importancia, el primero en importancia fue que las Comisiones de Educación y Recursos Naturales han emitido dictamen favorable al proyecto de la Diputada Gisela Scaglia para dar vigencia a un Régimen de Educación Ambiental restando sólo a la fecha la intervención de la Comisión de Presupuesto para su posterior tratamiento en el recinto de la HCDN. El aspecto destacable del presente texto es que consta con la adhesión de todas las provincias mediante el Consejo Federal del Medio Ambiente.
Las ONG reclaman una agenda verde
El segundo hecho a destacar fue el dictamen de la Comisión de Recursos Naturales para el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático que busca instaurar un gabinete nacional de cambio climático, presidido por el jefe de Gabinete de ministros. Su objetivo será articular la implementación de un plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático. El gabinete estará integrado por todos los ministerios y un consejo asesor externo integrado por especialistas asistirán en la elaboración de políticas públicas relacionadas con la ley. De haber acuerdo, podrá ser sancionado como ley en la sesión del 20 de noviembre próximo.
Las implicancias de estas problemáticas conllevan muchas veces conflictos geopolíticos que no siempre se notan en la gran mayoría de la sociedad
Estas dos herramientas, que por sus implicancias muestran como desde dos planos distintos se busca de manera concreta avanzar en un régimen normativo que en conjunto a los tratados internacionales con rango constitucional y la: Ley General del Ambiente, la Ley de Gestión integral de Residuos de origen industrial y de actividades de servicio, la Ley que Sistematiza la gestión y eliminación de los PCBs, en todo el territorio de la Nación, la Ley del Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, la Ley del Régimen de libre acceso a la Información Pública Ambiental, la Ley de Gestión de residuos domiciliarios, la Ley del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y uso sustentables de Biocombustibles y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Todas ellas conforman un bloque de protección del ambiente en pos de que los gobiernos y la sociedad civil actual, en el presente inmediato, actúen conjuntamente para que en el futuro lo que entendemos como comunidad política y Estado no se vea afectada por los desastres ambientales.
Las implicancias de estas problemáticas conllevan muchas veces conflictos geopolíticos que no siempre se avizoran como posibles e incipientes para la gran mayoría de la sociedad. Avanzar en el sentido de cuidar el medio ambiente pero también en la prevención de situaciones de desastres humanitarios y potenciales conflictos armados es una alerta que debe realizarse claramente si no se toma en serio el Cambio Climático como una cuestión de gobierno para la vigencia futura de un Estado tal como lo conocemos.
