La Justicia avanza en la reapertura de 300 contenedores sospechados de haber sido usados para ingresar mercadería de contrabando desde China y se prepara para comenzar a citar a los más de setenta imputados denunciados por el desplazado titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. Así lo adelantaron fuentes de la causa a PERFIL. Las novedades se dan en medio de la polémica por el apartamiento del funcionario que dio pie a la investigación y que reveló una interna con los servicios de inteligencia por el control de una de las áreas más sensibles del Estado: la Aduana, organismo clave en las políticas contra el narcotráfico y el lavado de dinero.
El plan del juez a cargo del expediente, Marcelo Aguinsky, es comenzar a indagar a los sospechosos en sesenta días. Mientras tanto, continúa trabajando en la apertura de los 300 contenedores que fueron identificados como sospechosos en diferentes depósitos fiscales y terminales del puerto de Buenos Aires. Gómez Centurión cree que el contrabando está directamente ligado a la ex SIDE. Los imputados abarcan funcionarios de la Aduana, importadores y empresarios del mundo aduanero.
Los investigadores también analizan por estas horas los resultados de los más de cien allanamientos que se hicieron en la causa y esperan el resultado del peritaje de las computadoras y otros soportes informáticos secuestrados, a cargo de la división Cibercrimen de la Policía Metropolitana. En el expediente, que ya acumula 43 cuerpos y crece a ritmo acelerado, están imputados entre otros el ex jefe de la Aduana de Buenos Aires, Eduardo Bernardi, y los hermanos Paolantonio, sospechados de ser los jefes de la organización que durante años contrabandeó toneladas de productos a gran escala, como reveló hace dos meses el periodista Matías Longoni. Muchos de los dueños de los containers secuestrados nunca se presentaron a reclamar la mercadería y perdieron importantes sumas de dinero con total de no “quedar pegados”.
También está imputado el ex jugador y dirigente de Boca Horacio “Cholo” Palmieri, uno de los dueños de depósitos fiscales que habrían formado parte de la maniobra y que, como reveló PERFIL, tuvo nexos con dos de los acusados por tráfico de efedrina.
“Es el análisis de años de descontrol”. Así es como se refieren en torno al expediente al trabajo que están haciendo desde el Juzgado en lo Penal Económico a cargo de Aguinsky y en la fiscalía de Gabriela Ruiz Morales. Todos los días, los investigadores avanzan en la apertura de los contenedores denunciados. Moverlos, abrirlos, relevar lo que hay dentro y sentarlo en actas demanda entre ocho y diez horas de trabajo por contenedor. Allí encuentran materiales textiles, artículos de bazar, cosméticos, electrónicos, productos de iluminación y ferretería, entre otras importaciones, que venían al país declarados como otros ítems de menor valor arancelario.
Otro de los puntos claves de la investigación es establecer la trazabilidad de los contenedores desde que salieron de China hasta que llegaron a Buenos Aires. Saber cuánto pedían los importadores, qué declaraban y cuánto pesaba la mercadería es central para los investigadores.
La gestión de Gómez Centurión en la Aduana había catalogado “en condición de rezago y bloqueo” a 3.678 containers. El valor de esa carga monumental fue valuada por la Aduana en US$ 432 millones, informaron fuentes del organismo a PERFIL. Pero la investigación judicial se acotó a 300 casos para acelerar los resultados de la causa. Inspeccionar los contenedores que revisa la Justicia llevará un promedio de 2.700 horas.
Gómez Centurión reveló que el caso del contrabando de China fue el detonante para activar una operación de inteligencia financiada por los sectores afectados por la investigación. Fue denunciado ante la Justicia de intentar sobornar a importadores a través de un intermediario para habilitar el ingreso de mercadería del extranjero. Un día antes de que se presentara la denuncia, el funcionario había sido anoticiado de que algunos de los denunciados tenían vínculos con el tráfico de efedrina.
