El Gobierno preveía que en el tránsito al último año de gestión volverían a aparecer reclamos salariales de policías. Esta semana llegó la confirmación desde la provincia de Santa Cruz, donde un grupo de uniformados se acuarteló en reclamo de aumentos salariales. El objetivo ahora es evitar una nueva reacción en cadena, con respuestas rápidas y sin repetir los errores del año pasado, que terminaron en saqueos y más de una decena de muertos. La ayuda del Gobierno –que podría incluir el envío de fuerzas nacionales en caso de una crisis– tiene una “condicionalidad” que fue remarcada ayer por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich: los gobiernos locales que aspiren a la asistencia nacional deberán denunciar las medidas de fuerza como actos de “sedición” y responder con todo el peso de la ley.
Santa Cruz fue ayer la primera en cumplir con la orden y presentó una denuncia contra los efectivos acuartelados.
En este sentido, tanto las gestiones provinciales como el gobierno nacional valoraron el hecho de que en las próximas semanas llegarán a juicio algunos de los procesos iniciados contra policías durante las protestas de 2013.
El año pasado, la falta de asistencia con unidades de gendarmes a la provincia de Córdoba durante el conflicto policial que se inició el 3 de diciembre, motivada presuntamente por diferencias políticas con el gobernador José Manuel de la Sota, fue el desencadenante de una tormenta nacional que se saldó con la vida de al menos 13 personas.
Este es un escenario que no se repetirá, aseguran desde el Gobierno. Este año, prometen, “los reclamos serán mejor canalizados, la indicación del secretario Sergio Berni es de asistir a todos los gobiernos provinciales”, indicó una fuente del ministerio. Sin embargo, desde Córdoba voceros de la gobernación indicaron a PERFIL que “nadie del gobierno nacional se comunicó con nosotros por el momento”.
Con una inflación creciente, el problema de los ingresos que afecta a todos los trabajadores no puede ser ajeno a los uniformados. Algunas provincias, con mayor margen fiscal decidieron avanzar en forma preventiva con promesas de bonos de fin de año. Una circunstancia que pone en aprietos a las gestiones con menos margen financiero.
Hace dos semanas el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, anunció un bono de fin de año de 2.000 pesos para todos los empleados provinciales, policías incluidos. La medida fue imitada por otras provincias, como Córdoba (que ofrecerá 1.400 pesos) y Santa Fe, donde se confirmó que habrá una medida similar pero aún se estudia el monto y el mecanismo de pago. En otros distritos, como Mendoza, donde el gobernador Francisco Pérez desechó la idea de un plus salarial excepcional, algunos municipios anticiparon que ofrecerán un incentivo financiado por sus propias arcas.
El gobierno nacional tampoco es ajeno a estos pedidos de aumento, baja de Ganancias o bono compensatorio. Con una delicada situación fiscal y los problemas en el frente externo por la deuda, se ha optado por un rechazo cerrado a estos planteos. Tampoco se activó ningún pedido desde UPCN, el gremio de estatales más afín al Gobierno. Por esta razón resulta difícil que se ofrezca ayuda financiera a los distritos que intenten proponer un plus salarial.
Pese a la voluntad política de prevenir situaciones como la del año pasado, desde el Gobierno no hay intenciones de avanzar sobre un mecanismo de representación para los uniformados. Hace algunas semanas, el diputado Facundo Moyano acercó su proyecto para un sistema especial de sindicalización policial al secretario Berni, quien se mostró contrario a la idea de que un sistema similar al utilizado en otros países pueda funcionar en la Argentina. “Cuando se habla de sindicalización policial se teme que eso lleve a medidas de fuerza como la huelga, pero el objetivo es justamente el contrario, evitar que haya conflictos”, explicó el diputado. También en la CTA Autónoma que dirige Pablo Micheli han surgido proyectos en esta dirección pero, por el momento, ninguna de las propuestas fue puesta a consideración de las comisiones por falta de apoyo desde el bloque oficialista.
Pese a la falta de respuesta a estas propuestas, se está avanzando con distintas modalidades en las provincias, como mesas de diálogo informales y proyectos para una futura sindicalización que se ajustaría a las particularidades del medio policial y sin derecho de huelga.
