El 12 de agosto de este año se informó a través del Boletín Oficial sobre el decreto 718/2024 vinculado al sector energético que le daba a la Secretaría de Energía 180 días para llamar a concurso público nacional e internacional con el objetivo de "proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante" de cuatro centrales hidroeléctricas.
No obstante, un mes y medio después, el presidente Javier Milei firmó otro decreto, el 895/2024, que reemplaza el artículo que le otorgaba el mandato a Energía y se lo da a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, en "coordinación" con la Secretaría mencionada.
Dicha normativa aplica en lo que respecta a la concesión de las empresas Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, la cual está vencida y fue prorrogada por un año para permitir la relicitación que, originalmente, estaba a cargo de la cartera conducida por Eduardo Rodríguez Chirillo.
A partir del nuevo anuncio, Chaher pasó a tener rango de secretario y se convirtió en el "ejecutor" de las privatizaciones.
Es válido mencionar que la Ley Bases autorizó la venta de Enarsa e Intercargo, AYSA, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos (Sofse) y Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, lista a la que se suma la licitación de las cuatro represas hidroeléctricas ubicadas en Neuquén y Río Negro.
El objetivo del Gobierno con respecto a la licitación de las represas es volver a licitar cada una por 30 años en el marco de un procedimiento competitivo nacional e internacional.
Actualmente las concesiones están en manos de Orazul Energy (comprada por el Grupo Aconcagua, de capitales locales), que opera el complejo Cerros Colorados; la italiana Enel, que opera El Chocón-Arroyito; la estadounidense AES, que gestiona Alicurá, y Central Puerto, también de capitales locales, a cargo de Piedra del Águila.
"De una u otra forma las van a adjudicar, quien lo haga ya parece importar poco a todos", expresaron desde el sector privado según Clarín y tras analizar el decreto que transfiere el poder decisión sobre las hidroeléctricas lo definieron como "una más de las múltiples internas".
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