El juez federal Claudio Bonadio investiga otra causa que incomoda a la presidenta Cristina Kirchner: presuntas irregularidades en el otorgamiento de decenas de indemnizaciones a parientes de guerrilleros como si hubieran sido Víctimas del Terrorismo de Estado pero que, en realidad, fueron muertos mientras atacaban comisarías y cuarteles durante los gobiernos constitucionales del peronismo, entre 1973 y 1976.
Bonadio también investiga si hubo irregularidades en indemnizaciones y pensiones de por vida a personas que fueron detenidas por razones políticas durante y antes de la dictadura, desde 1955, en carácter de “presos políticos”.
Si se comprueban, serían parte del “curro por los derechos humanos” que mencionó el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en una entrevista con el diario La Nación el domingo, que ayer fueron negados enfáticamente por la Presidente.
Varios de esos casos surgen de dos libros escritos por mí: Operación Primicia, sobre un ataque de Montoneros a un cuartel en Formosa, el 5 de octubre de 1975, y ¡Viva la sangre!, que se desarrolla en Córdoba antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Por ese motivo, fui citado por el juzgado de Bonadío, donde hace seis meses declaré dos horas como testigo.
Bonadio ya allanó dos veces la sede de la secretaría de Derechos Humanos para incautar los legajos de las indemnizaciones bajo sospecha.
La investigación de Bonadio surgió a partir de una denuncia del dirigente peronista cordobés Julio César Aráoz contra otro cordobés, Martín Fresneda, actual titular de la secretaría de Derechos Humanos.
Aráoz afirma que fue “preso político” entre 1970 y 1973. Según él, Fresneda no habilita el pago de la indemnización que le corresponde porque no es kirchnerista.
Un caso muy llamativo es la muerte del guerrillero montonero Fernando Rubén Haymal, un joven de 26 años que fue liquidado el 2 de septiembre de 1975 en la ciudad de Córdoba por una sentencia de un “tribunal revolucionario” de Montoneros, que lo había encontrado culpable de los delitos de “traición” y “delación”.
Con el tiempo, el 11 de abril de 2000, durante el gobierno de la Alianza, la subsecretaría de Derechos Humanos, que era encabezada por la actual diputada ultrakirchnerista Diana Conti, autorizó el pago a los familiares de Haymal de 224 mil pesos/dólares, como si hubiera sido víctima de un grupo paramilitar de ultraderecha.
El fusilamiento de Haymal, cuyo cadáver fue arrastrado por las calles del barrio de Alta Córdoba como una forma de escarmiento, fue admitido por la propia revista oficial de Montoneros, “Evita Montonera”, en octubre de 1975.
Fresneda, que es abogado, conoce este caso porque, como revelé en ¡Viva la sangre!, fundó y militó en el grupo HIJOS de Córdoba junto con el segundo hijo de Haymal, Marcos, quien, por aquella época, no sabía que su padre había sido muerto por Montoneros.
Otro de los legajos que analiza el juez es el de Hugo Irurzun, “El Capitán Santiago”, un ex “oficial” del Ejército Revolucionario del Pueblo que fue ultimado por la policía paraguaya en Asunción el 18 de septiembre de 1980, luego de matar, junto con un comando encabezado por Enrique Gorriarán Merlo, al ex dictador nicaraguense Anastasio Somoza.
Los familiares de Irurzun cobraron la indemnización prevista para las Víctimas del Terrorismo de Estado a pesar de que su muerte fue en otro país, sin intervención de la dictadura argentina; en aquel momento, el ERP no existía y Gorriarán Merlo e Irurzun colaboraban con el gobierno nicaraguense.
Editor ejecutivo de la revista Fortuna.
