El juez federal Claudio Bonadio rechazó la posibilidad de que otros jueces puedan utilizar como prueba las declaraciones de empresarios y ejecutivos arrepentidos, confirmaron fuentes judiciales a PERFIL. Dos magistrados habían solicitado al juez de la causa de los cuadernos de la corrupción copias de las admisiones de al menos cuatro imputados que admitieron haber ordenado o ejecutado el pago de sobornos al ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta.
Los jueces Sebastián Casanello y Marcelo Martínez de Giorgi buscaban incorporar estos testimonios a otras investigaciones por coimas en el marco del caso Odebrecht: la causa por irregularidades y sobornos en dos obras de la empresa estatal de aguas Aysa y el expediente por irregularidades y coimas en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
Bonadio contestó por escrito a sus colegas que no les enviará copias de las declaraciones de los empresarios y que no podrán utilizar las confesiones de los involucrados en su contra.
En la mira. El juez argumentó que los arrepentidos de admitieron la comisión de delitos en el marco de un acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli a cambio de la reducción de penas o la excarcelación en la causa de los cuadernos, y que el acuerdo no contempla que las confesiones puedan ser utilizadas como prueba en otros expedientes.
Las declaraciones en la mira son la de Carlos Wagner (dueño de Esuco), Aldo Roggio (ex titular de Grupo Roggio y Metrovías), Angelo Calcaterra (ex dueño de Iecsa) y Javier Héctor Sánchez Caballero (ex ejecutivo de Iecsa). Los tres primeros fueron procesados por asociación ilícita y cohecho en la causa de los cuadernos. En el caso de Sánchez Caballero, aunque confesó el pago de sobornos, el juez Bonadio le dictó una falta de mérito.
Las confesiones de Wagner y Roggio habían sido solicitadas por el juez Casanello, quien investiga junto al fiscal Federico Delgado a ambos empresarios por presuntos sobornos en las licitaciones de dos obras de Aysa, la empresa estatal de aguas.
Wagner ganó la construcción de la planta de tratamiento de aguas del Bicentenario, junto con la brasileña Camargo Correa. Roggio fue socio de Odebrecht, Supercemento y Cartellone en la planta potabilizadora Paraná de las Palmas. Los empresarios Wagner y Roggio ya están procesados en el expediente de Aysa por cartelización de la obra pública e irregularidades en las licitaciones. Ambos negaron en sus declaraciones indagatorias haber pagado sobornos a funcionarios del kirchnerismo para obtener estos contratos.
Coimas. El juez Casanello debe decidir si también los procesa por cohecho activo. Tanto Wagner como Roggio ya habían planteado en la causa Aysa que sus confesiones en el expediente de Bonadio no fueran utilizadas en su contra.
En la causa de los cuadernos, Wagner y Roggio sí admitieron haber pagado coimas durante los gobiernos de los Kirchner. Roggio confesó que devolvió el 5% de lo que cobró de subsidios por su empresa Metrovías (concesionaria del subte) y que lo hizo a través del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Wagner describió su rol como intermediario entre otros empresarios de obras viales y el ex ministro Julio De Vido y el ex presidente Néstor Kirchner. Dijo que les exigían entregar el adelanto financiero (de entre el 10 y el 20% del contrato ganado) como retorno a la política.
Por su parte, Martínez de Giorgi investiga a Iecsa en la causa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento junto al fiscal Franco Picardi. Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, también fue indagado por presunto soborno en esta obra. Sin embargo, negó lo que sí admitió en la causa de los cuadernos.
El ex dueño de la constructora Iecsa había confesado ante el fiscal Stornelli que ordenó a su ejecutivo Sánchez Caballero que ejecutara numeroso pagos a Baratta. Calcaterra dijo que fue “apretado” por funcionarios del kirchnerismo para que aportara dinero para las campañas electorales de 2013 y 2015.
Sánchez Caballero será indagado también en esta causa a fin de mes. Es señalado por dos ejecutivos de Odebrecht como el responsable de administrar las coimas del consorcio en Argentina. Los investigadores no tienen esperanza de que colabore o se arrepienta. Hubo sondeos de distintas defensas pero no se concretó ningún acuerdo.
Los fiscales aceptan colaborar
La posición de los fiscales que intervienen en el caso de los cuadernos no se condice exactamente con el planteo de Bonadio. Según informaron fuentes judiciales, los fiscales Stornelli y Carlos Rívolo mantuvieron al menos una reunión con el juez para debatir qué posición tomar ante los pedidos de otros magistrados que investigan a los mismos empresarios por los mismos delitos aunque en hechos distintos. Tanto Stornelli como Rívolo se mostraron más abiertos a la colaboración en otros expedientes. Esta semana en los tribunales, no se descartaba que los fiscales pudieran encontrar una forma de compartir la prueba.
