En medio del debate en Diputados y de las fuertes críticas a la reforma judicial que pretende implementar el Gobierno, la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI) presentó un escrito ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para advertir que en la Argentina hay "riesgo democrático por grave alteración del orden constitucional".
En paralelo, la legisladora presentó una denuncia ante la Justicia Federal para que se investigue la "posible comisión de ilícitos penales tales como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, extorsión y amenazas", informaron sus voceros.
La excandidata presidencial, que acaba de formalizar su alianza con Fernando “Pino” Solanas de cara a las elecciones de octubre, "hizo una presentación en la Cancillería para que la presentación sea enviada al secretario General de la OEA, José Miguel Insulza", agregó la información, dada a conocer por la agencia DyN.
El escrito destinado a la OEA pide "asistencia" a fin de "hacer un seguimiento de la situación" para "preservar la institucionalidad democrática en la Argentina y evitar mayores riesgos en su proceso político".
Según Carrió, "los acontecimientos que se están suscitando en estos días en Argentina, por sus características, conforman violaciones expresas a la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos".
"En Argentina, el partido de gobierno ha sancionado distintos proyectos de ley que reforman aspectos sustantivos del Poder Judicial de la Nación en un intento de subvertir el orden constitucional en desmedro de la independencia de dicho poder", advirtió la legisladora.
Y añadió que ello configura "una grave alteración del orden constitucional que afecta el orden democrático, eliminando de hecho el sistema republicano de gobierno que se ha dado en Argentina desde sus orígenes".
Según la interpretación de Carrió, el país atraviesa una etapa de "Cesarismo democrático". Los hechos "son el corolario de lo que el Poder Ejecutivo viene implementando en estos últimos años, una metodología de decisiones que se caracterizaron por el avasallamiento al Poder Judicial, la censura y el avasallamiento a la libertad de expresión", continuó.
La diputada advirtió que el Gobierno quiere "garantizar para sí un Poder Judicial dependiente del poder político, en clara violación a la forma de gobierno que la Nación Argentina se ha dado, ya que desde sus orígenes constitucionales el país ha decidido para su gobierno la forma representativa, republicana y federal".
