El Gobierno de Chile anunció que enviará una nota formal de protesta a la Argentina por las controvertidas declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien habló de la importancia estratégica del extremo sur y calificó al Estrecho de Magallanes y al Pasaje de Drake como espacios de “soberanía”.
Según explicó en el programa de streaming La Fábrica del Podcast, Valverde señaló que la zona de Magallanes, el sur y el Pasaje de Drake representan una cuestión de soberanía y una “llave bioceánica Atlántico-Pacífico” donde es necesario “hacer presencia”.
Al instante, el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, actualmente en una gira oficial por Vietnam, calificó los dichos como inaceptables y sentenció: "El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno". En la misma línea señaló que esa posición está respaldada por los Tratados de 1881 y 1984 suscriptos entre ambos países.
También realizó un “severo llamado” a las autoridades extranjeras para que sean responsables con sus declaraciones y no generen confusión sobre la situación territorial. En la misma línea, el ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado, calificó de inaceptables las expresiones e insistió en que la soberanía del sector es incuestionable según el marco jurídico vigente suscrito por ambas naciones.
El diputado chileno Gonzalo Winter sostuvo que Magallanes es territorio soberano de Chile y consideró que ninguna autoridad extranjera debería cuestionar esa situación. Desde otro sector político, el representante de la Región de Magallanes Alejandro Riquelme Ducci afirmó que los dichos no constituyen un episodio aislado y recordó los cruces registrados en 2021 y 2026 por declaraciones y medidas argentinas vinculadas al Estrecho de Magallanes y su soberanía.
El antecedente central es el Tratado de Límites de 1881, mediante el cual Argentina y Chile establecieron el marco de sus fronteras australes y reconocieron la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes, junto con garantías vinculadas a su navegación.
Sucedido esto, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 cerró una etapa de fuertes disputas territoriales entre ambos países y estableció la delimitación definitiva de la zona austral. El acuerdo fue firmado en el Vaticano el 29 de noviembre de 1984 y entró en vigor en 1985.
Aquel tratado fue el resultado de la mediación del papa Juan Pablo II durante la crisis que había llevado a Argentina y Chile al borde de un conflicto armado por el diferendo del Beagle.
La respuesta de Cancillería argentina
En un mensaje, publicado por el canciller Pablo Quirno, buscó encuadrar la discusión en los acuerdos bilaterales vigentes (Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984) y diferenciar la postura oficial de las declaraciones realizadas por el jefe de la Fuerza Aérea. Además, remarcó que ambos instrumentos “rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.
Seguido, “La relevancia estratégica del extremo austral del continente es una perspectiva de Estado que la República Argentina sostiene públicamente”, afirmó Cancillería, al vincular esa mirada con la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida.
“En este ámbito, reafirmamos el valor estratégico de la cooperación con Chile”, sostuvo el comunicado. Según explicó, ambos países reconocen mutuamente sus derechos antárticos, participan en la administración de zonas especialmente protegidas y mantienen desde hace más de dos décadas la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC).
Se realiza desde 1998 y tiene como objetivos la búsqueda y rescate, el salvamento marítimo, la seguridad de la navegación y el combate de la contaminación en aguas antárticas. La operación se desarrolla de manera alternada entre las Armadas argentina y chilena.
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En el tramo final del comunicado, Cancillería buscó cerrar la controversia con una señal de continuidad diplomática. “La República Argentina reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile”, sostuvo, y agregó que las cuestiones de interés común deben ser tratadas mediante “los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos”.
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