Un informe de 170 páginas realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) se convirtió en el nuevo episodio en la causa Correo Argentino, que involucra a la familia del ex presidente Mauricio Macri. El estudio, ordenado por el juez federal Ariel Lijo al órgano dependiente de la Corte Suprema, fue a pedido de parte de las defensas del caso y despertó distintas interpretaciones así como a partir de ahora y tras su análisis por parte de la Justicia se esperan definiciones.
Mientras que una lectura dio cuenta de que el mismo avalaría la postura de la fiscal en lo Civil y Comercial Gabriela Boquín, respecto de que se trataba de una quita “abusiva”, otra interpretación daba cuenta de que el informe beneficiaría a las defensas ya que ninguno de los montos de deuda calculados por la Dajudeco se acerca siquiera a los 70 mil millones de pesos mencionados por la fiscal en sus dictámenes. “Es la primera vez que un informe oficial dice que la deuda no es de 70 mil millones”, deslizaron fuentes del caso a PERFIL.
Durante la jornada de ayer, también hubo novedades que significaron reveses para diferentes funcionarios macristas en otras investigaciones. Parte de ellas fueron en el expediente conocido como “peajes”, que involucra entre otros a Javier Iguacel y Guillermo Dietrich. En tanto que en el marco de otra investigación se pidió la citación a indagatoria del ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), en tiempos de Cambiemos, Omar Zeidán.
Por su parte, el escándalo del Correo Argentino empezó a comienzos de 2017, cuando Boquín sostuvo que el acuerdo al que buscaba llegar la empresa de la entonces familia presidencial era “abusivo” y perjudicaba al Estado. En el centro de la discusión estaba una deuda de 296 millones de pesos que databa de 2001.
El planteo de Boquín derivó en numerosas presentaciones, recusaciones y nuevas denuncias. Entre ellas la que realizó la Procuraduría en Investigaciones Administrativas (PIA), que hizo una presentación y dio inicio a la denuncia que tramita en lo de Lijo y en la que, entre otros, está alcanzado el ex ministro Oscar Aguad.
La Dajudeco,
dependiente de la
Corte Suprema,
le presentó al juez
Lijo el informe
Respecto del informe de la Dajudeco allí se sostuvo que la deuda sólo podría ascender, según el índice de actualización que se aplique, a “$ 821.336.152 (capitalización simple, tasa Libor)”, a “$ 1.611.493.008 (capitalización simple, tasa Baldar), a “$ 1.743.451.866 (capitalización compuesta, tasa Libor)” o “4.016.317 (capitalización compuesta, tasa activa promedio Banco de la Nación Argentina”), pero en ningún momento se acercó al monto mencionado al comienzo del caso de los 70 mil millones.
El informe Dajudeco mencionó también que la quita de la deuda sería del 90%, lo que cerca de la empresa sostenían que se trataba de una equivocación, porque aseguraban que esa era la quita que sostenía la fiscal Boquín considerando una deuda de 70.000 millones de pesos, con lo cual la quita no puede ser similar si la deuda es 700% menor, como sostenía la conclusión del organismo.
En tanto que el informe también señaló que el “Correo Argentino ofreció 6 (seis) propuestas de pago” a sus acreedores “a partir del 9.9.2003 –Primera Propuesta- y hasta el 28.6.2016 –Sexta Propuesta”.
Arribas y Majdalani, procesados
Los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron procesados ayer por la noche en el caso de espionaje ilegal que, de momento, tramita en Lomas de Zamora. En la misma resolución se le dictó la falta de mérito a Darío Nieto, secretario privado del ex presidente, Mauricio Macri. En el caso se investiga el espionaje a políticos del oficialismo y la oposición, así como a periodistas, sindicalistas, y líderes de movimientos de la iglesia católica, entre otros. Entre los afectados están desde Cristina Kirchner a Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Emilio Monzó.
Los procesamientos fueron dictados por el juez federal Juan Pablo Augé, quien además ordenó que se les trabé a ambos un embargo de 8 millones de pesos. Ya habían sido procesados, embargados y se les había trabado la salida del país, en el tramo que investiga el espionaje al Instituto Patria y el domicilio de la vicepresidenta.
Actualmente el caso está en medio de una disputa entre jurisdicciones luego de que Casación Federal ordenara que debe tramitar en Comodoro Py, lo que fue apelado por CFK.
