Correo Argentino SA, empresa de la familia Macri, presentó una nueva oferta al Estado para intentar cancelar sus deudas a través de una propiedad inmueble que la compañía sostiene que está valuada en unos $ 1.000 millones, según los documentos públicos de la Cámara Comercial que analizó PERFIL.
La compañía ofrece al Estado el terreno y el edificio en donde funciona la planta de distribución de la empresa en la localidad de Monte Grande, en la zona sur del Gran Buenos Aires. La oferta incluye, según aclaró el abogado de Correo, Jaime Kleidermacher, el equipamiento y mejoras realizadas en el edificio durante la gestión de los Macri en la empresa.
La oferta promete generar disidencias. Tras la reestatización del correo en 2003, el gobierno de Néstor Kirchner estableció que ese inmueble pasaba a pertenecer al Estado. De hecho, es uno de los centros de distribución de la compañía estatal en la actualidad, pero según los papeles que presentaron los Macri la titularidad es de ellos. La planta fue construida durante la privatización y Correo incluso inició un juicio contra el Estado -que sigue vigente- en reclamo de esta propiedad.
La deuda original de Correo con el Estado ascendía en 2001, en plena convertibilidad, a poco menos de $ 300 millones de pesos o dólares (sin intereses). Correo comunicó en los últimos días a la Justicia que el valor del inmueble con el que pretende saldar sus deudas sería de casi $ 1.000 millones, a abril de 2018 (para ser precisos, $ 952.256.802), y que alcanzaría para “la cancelación integral del crédito verificado por el Estado Nacional”.
El valor del inmueble surge de la “re-expresión” realizada por Correo sobre la valuación que hizo el Tribunal Nacional de Tasación en 2009 por alrededor de $ 60 millones, dijo el abogado, valor que incluye las "mejoras" invertidas en el edificio.
El Poder Ejecutivo deberá volver a fijar una posición frente a la empresa de la familia presidencial. La Cámara Comercial solicitó que el Estado y los síndicos -que deben controlar el desarrollo del concurso de acreedores- evalúen la nueva oferta y opinen. Luego, una vez que lo hagan, será el turno de la fiscal general Gabriela Boquin.
La negociación del pago está pendiente desde hace más de un año, cuando el presidente Mauricio Macri ordenó que las tratativas vuelvan a “foja cero”, luego de que la fiscal denunciara que el acuerdo que se estaba por homologar implicaba una quita de la deuda de alrededor de $ 4.200 millones (a 2017), que terminaba favoreciendo a la empresa de los Macri y perjudicando a las arcas estatales.
Adjuntos. Esta nueva oferta se incorporó al expediente central de la quiebra. El Estado es el principal acreedor de Correo. El abogado Kleidermacher y el apoderado de la empresa, Jaime Cibils Robirosa, acompañaron la titularidad de dominio del inmueble y sugirieron una audiencia de negociación con los representantes del Poder Ejecutivo para discutir la propuesta. También adjuntaron un informe del Ministerio de Planificación Federal, entonces a cargo de Julio De Vido, y resultados de una auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA realizados en 2003, en el marco de la reestatización del correo.
Correo Argentino está en concurso de acreedores desde hace 17 años. Esta nueva oferta llega a la Justicia comercial mientras otro expediente paralelo en la causa del concurso llega a la Corte Suprema, como informó el sábado PERFIL. Los abogados de Correo intentan que el máximo tribunal frene una investigación por supuesto vaciamiento de la empresa a través de alquileres y servicios abonados a otras compañías de los Macri, Socma y Sideco.
El expediente por el supuesto vaciamiento del Correo es el que concentra las mayores preocupaciones de los apoderados de la familia presidencial. De probarse la presunta maniobra que investiga la fiscal Boquin, sumarían problemas legales mucho más graves. La hipótesis del vaciamiento implica un posible fraude al Estado y al resto de sus acreedores. Además, la investigación incluye el análisis de los libros contables de Sideco y Socma, principales empresas del holding, por lo que pone a dichas compañías bajo la lupa de la Justicia.
Por la negociación entre Correo y el Estado, el presidente Macri y varios de sus funcionarios afrontan una causa penal.
