El caso Correo Argentino llegó a la Corte Suprema, confirmaron fuentes judiciales a PERFIL. La empresa de la familia de Mauricio Macri presentó una queja ante el máximo tribunal a la espera de que la Corte frene una investigación sobre el supuesto vaciamiento de la compañía. De fondo está en juego el futuro judicial del holding de la familia presidencial: las principales compañías del grupo, Socma y Sideco, están en la mira por el supuesto desvío de fondos. Si la investigación continúa y las pruebas confirman la hipótesis, los hombres que manejan las empresas de la familia Macri afrontarían problemas judiciales.
Los abogados de Correo venían solicitando ante la Cámara Comercial, el tribunal que entiende en el concurso de acreedores de la empresa, que ponga un alto a la investigación de la fiscal general Gabriela Boquin. Con la llegada del expediente a la Corte, la compañía también busca que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, jefe interino de los fiscales, se pronuncie en contra de la fiscal Boquin. Ahora, la Corte debe decidir si hace lugar al pedido de Correo.
Correo es una empresa en concurso de acreedores y la fiscal sostiene que las autoridades del holding desviaron fondos de las cuentas de Correo –que deben estar controlados para garantizar que pague a sus acreedores– hacia otras empresas de la familia.
Si la Corte hace lugar al pedido de Correo, Casal, el jefe de los fiscales nombrado por Macri de manera interina tras la salida de Alejandra Gils Carbó, deberá opinar sobre la cuestión. Y su postura será clave. A fines de abril, presentaron un escrito ante la Cámara Comercial pidiendo que se le dé intervención a Casal en el expediente. “Sería valiosa la opinión del propio procurador general de la Nación, teniendo en cuenta que la fiscal de Cámara debe reconocerlo como su superior”, dijeron entonces. Pero las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero rechazaron esa posibilidad. Ahora, tienen otra chance.
Los libros. El caso Correo Argentino tiene varios capítulos. En sede penal, el juez federal Ariel Lijo investiga si Macri y sus funcionarios cometieron delitos al acordar con la empresa de su familia una quita de la deuda de Correo con el Estado catalogada como ruinosa para las arcas públicas.
En el fuero comercial, todavía está pendiente cerrar esa negociación para que la compañía salde sus deudas con el Estado y otros acreedores. Además, Correo también lleva adelante juicios contra el Estado por otras deudas cruzadas que le reclama.
En medio de esta negociación, la fiscal Boquin detectó movimientos de dinero desde las cuentas de Correo hacia los bolsillos de otras dos compañías de los Macri: Sideco y Socma. Pidió entonces acceso a los libros contables de las compañías para analizarlos a fondo. Los abogados vienen oponiéndose a esa iniciativa.
Correo sostiene que la fiscal Boquin no tiene facultades para investigarlos porque es una fiscal de Cámara. La fiscal y la Cámara ya se pronunciaron al respecto: sostienen que la ley otorga a cualquier fiscal la posibilidad de investigar posibles delitos.
