Vaciar fiscalías de personal y recursos, hostigar, trasladar fiscales que promueven el avance de causas sensibles para el Gobierno e iniciar causas penales y administrativas a los fiscales que investigan al poder de turno son prácticas que no pasan de moda. Tampoco tienen color político. Se trate de los gobiernos menemista, kirchnerista o macrista, el mensaje es el mismo. La intención también. Los aliados para ejecutarlas pueden variar, es cuestión de tiempos.
Mientras Cambiemos toma la posta en el reacomodamiento de tribunales clave en la Justicia, el juez federal Claudio Bonadio denunció el jueves a los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez a pedido del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. El funcionario y amigo del Presidente pidió dos cosas: que se avance contra el “bolsero” brasileño Leonardo Meirelles, que sostiene haber realizado pagos indebidos a Arribas, por presunto falso testimonio y que se investigue a los fiscales del caso Odebrecht.
Pero el contexto es más amplio. Además de Odebrecht, Panamá Papers y Correo Argentino SA son algunas de las causas que impulsaron los fiscales denunciados. Todas afectan directamente a los intereses de la familia del Presidente. El pedido de denunciarlos fue hecho por un funcionario con un peso indiscutible: es el jefe de inteligencia del Estado. Se da, además, en el contexto del traslado del fiscal Juan Pedro Zoni de la fiscalía que lleva adelante la causa penal contra Macri y otros funcionarios por favorecer a Correo. El fiscal Rodríguez había presentado un informe clave en la causa Correo antes de la salida de Zoni.
La denuncia llega una semana después de que se cite a indagatoria al primo del presidente, Angelo Calcaterra, por el supuesto pago de coimas de su entonces constructora, Iecsa, junto a su socia Odebrecht a ex funcionarios kirchneristas por la obra en el ferrocarril Sarmiento. Meirelles es uno de los arrepentidos que admitió haber tramitado sobornos a funcionarios por parte de dos constructoras, OAS y Odebrecht. Declaró en la Argentina por medio de una videoconferencia frente a los fiscales pero comprometió a un solo argentino: Arribas. La causa contra el jefe de la AFI se cerró en tiempo exprés, pero el funcionario no se quedó de brazos cruzados y denunció a quienes lo comprometieron o investigaron.
El argumento del juez Bonadio para denunciar a los fiscales es que los funcionarios no tomaron juramento al “doleiro” cuando declaró. Pero Meirelles no es un testigo cualquiera: está condenado en Brasil por haber sido parte de la cadena de pago de sobornos sobre la que estaba siendo interrogado por los fiscales argentinos. El criterio de los fiscales se basó en el artículo 249 del Código Procesal Penal. “El testigo prestará juramento de decir verdad, con excepción de los menores inimputables y de los condenados como partícipes del delito que se investiga o de otro conexo”. Ergo, Meirelles entraba dentro de esas excepciones de la ley.
La denuncia de Bonadio se tramitará por dos vías: la penal y la administrativa. El juez presentó una denuncia que cayó en el juzgado de Daniel Rafecas. El fiscal Gerardo Pollicita deberá determinar si abre una investigación penal. Desde lo administrativo, el juez intenta, a pedido de Arribas, abrir un frente interno a los fiscales en la Procuración General de la Nación, al mando de Eduardo Casal por decisión de Macri.
Antes de procesar a Meirelles por falso testimonio y pedir su captura, Bonadio viajó personalmente a Suiza y se trajo copia del extracto de la cuenta bancaria de Arribas que habría recibido los pagos que mencionó Meirelles ante la Justicia de Brasil y los fiscales argentinos. Bonadio escribió que se registró una “única transferencia recibida desde Hong Kong a nombre de RFY Import & Esport Limited el 26 de septiembre de 2013 por US$ 70.475” y no diez, como declaró el doleiro.
