Correo Argentino SA, una empresa de la familia del presidente Mauricio Macri, tiene sólo tres empleados y cinco directores. No tiene utilidades ni actividad comercial. Sin embargo, en 2016, logró una autorización judicial para retirar $ 1,6 millones y US$ 185.213 de sus cuentas congeladas para destinarlos a supuestos gastos de funcionamiento: un contrato de alquiler de oficinas por US$ 18 mil mensuales; cargas sociales para gerentes de otras firmas del Grupo Macri; y hasta una fiesta de fin de año para su escaso personal. Así lo revela un nuevo dictamen de la fiscal general Gabriela Boquin, quien interviene en la causa por el concurso preventivo de la firma, al que accedió PERFIL.
En el escrito, la fiscal denuncia el vaciamiento de Correo, que debe millones de pesos al Estado y debe negociar cómo los pagará, y pide la intervención de la administración de la firma. Para Boquin, Correo está financiando gastos de Sideco y otras compañías de la familia Macri.
Los movimientos de la empresa son controlados por la Justicia Comercial, ya que la compañía está en concurso de acreedores desde hace 16 años. Para mover sus activos, requiere una autorización judicial y una justificación. En las últimas semanas, Boquín detectó que durante 2016, los responsables del Correo migraron parte de sus fondos hacia una empresa del grupo Macri, Sideco Americana SA, a través del pago de alquileres “exorbitantes”, como lo definió la fiscal.
A pesar de su escaso personal, Correo alquila cuatro oficinas en uno de los barrios más caros de Buenos Aires. Su locatario no es azaroso. Sideco y Correo firmaron en 2012 un contrato de locación por US$ 18 mil mensuales más IVA –al tipo de cambio de ese año–. Las oficinas se ubican en el mismo edificio donde funciona Sideco, Socma Americana, Chery Socma y MacAir, en avenida Del Libertador 498, piso 18º. Recién en 2016, con Macri en el Gobierno, lograron la autorización de la jueza Marta Cirulli, para retirar los fondos.
La empresa inactiva no sólo le paga al grupo Macri por los alquileres, también le abona alrededor de $ 113 mil mensuales por “gastos contables e informáticos” y otros $ 40 mil pesos mensuales en gastos de cocheras, según el dictamen.
La situación de los empleados es llamativa. De los tres empleados que Correo declara en la Justicia, dos ya no trabajaban para Correo. Uno de ellos, Eduardo Diego Lamaison trabaja desde 2011 para Sideco y Socma Americana. En Correo Argentino confirmaron a PERFIL que está desvinculado de la compañía. El otro empleado, Pablo Martín Della Macri. Boquin recién fue anoticiada un año después. En marzo de este año, la jueza Cirulli dejó de autorizar los movimientos de dinero. Correo pidió retirar otros $ 422.973 y US$ 12.290, pero el escenario había cambiado. Para entonces, la causa estaba en la mira y las irregularidades en la negociación de la empresa y el Gobierno de Macri obligaron a Macri a pedir que el expediente vuelva a foja cero.
Esta vez, la jueza dijo que no y Correo apeló la decisión. Argumentó una “contradicción”, ya que un año antes la magistrada había determinado lo contrario y dijo que necesitaba los fondos para “el normal desarrollo empresarial”. Al apelar, el incidente llegó a la fiscal de Cámara.
