El juez federal Claudio Bonadio inauguró la primavera en los tribunales federales. Su secretaria privada fue la encargada de entregar una rosa roja a cada una de las secretarias de los jueces federales por el día de la primavera. El buen humor de Bonadio es una excepción en los tribunales, donde el aire primaveral se volvió más denso en el edificio que alberga a quienes investigan al poder político y empresarial.
Los cambios en los tribunales se vienen sucediendo desde que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió expulsar a Jaime Stiuso de la ex Secretaría de Inteligencia y entonces, el hombre que manejaba gran parte de la Justicia desde las sombras -en alguna época a favor de los Kirchner-, perdió su poder. Las fichas todavía se están reacomodando. También los humores.
En la actualidad, parte del malestar en los tribunales está atravesado por el caso Arribas versus fiscales. Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), viene querellando desde hace meses para abrir un expediente contra los fiscales que lo investigaron por el caso Odebrecht, Federico Delgado y Sergio Rodríguez.
El funcionario amigo del presidente Mauricio Macri fue blanco de una investigación por una serie de transferencias bancarias que habría recibido desde una empresa fantasma que manejaba Leonardo Meirelles, un cuevero brasileño que se dedicaba en esa misma época a transferir coimas para Odebrecht y OAS. La causa fue cerrada de manera exprés por el juez Rodolfo Canicoba Corral. Ante dicha situación, los fiscales interrogaron al doleiro Leonardo Meirelles, quien involucró a Arribas y dijo haber realizado diez transferencias a una cuenta suiza a nombre del entonces empresario del fútbol.
Arribas sostiene que los fiscales cometieron el delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público ya que no tomaron juramento a Meirelles antes de su interrogatorio y entiende que así, habilitaron al brasileño a no estar obligado legalmente a decir la verdad.
El primer paso fue denunciar a Meirelles por falso testimonio. La denuncia de Arribas cayó en el juzgado de Bonadio, quien se tomó la molestia de viajar a Suiza para revisar documentos aportados por el banco en donde el ahora jefe de la AFI tenía su cuenta bancaria. Según determinó Bonadio, Meirelles “mintió” al declarar con los fiscales. Sólo existiría una transferencia bancaria de Meirelles a Arribas y no diez, como dijo el arrepentido brasileño. Bonadio pidió la captura internacional de Meirelles -que nunca se concretó- y denunció a Delgado y a Rodríguez.
Esta nueva denuncia cayó en el juzgado de Daniel Rafecas. El fiscal Gerardo Pollicita la desestimó. Rafecas la archivó por inexistencia de delito pero habilitó a Arribas a apelar como querellante a la Cámara Federal. Y así lo hizo. La Corte Suprema aún debe decidir si habilita al fiscal Rodríguez a pedir la reapertura de la investigación contra Arribas por presunto lavado de dinero. Si el jefe de la AFI logra derribar la declaración de Meirelles por completo y a los fiscales que quieren seguir investigándolo, tendría una gran carta a favor ante la Corte. Lo cierto es que nunca quedó claro por qué Arribas recibió plata de un cuevero dedicado a pagar coimas de constructoras brasileñas.
La Cámara Federal, el tribunal que revisa las actuaciones de los jueces, también está atravesada por el malestar de jueces y fiscales. La composición y la dinámica de este tribunal cambió, pero su presidente sigue siendo Martín Irurzun, uno de los hombres que marca el ritmo cardíaco de los tribunales desde hace más de dos décadas.
La Cámara es una instancia clave. Debe confirmar o revocar las decisiones de los magistrados, pero en los últimos años viene profundizando su impronta y bajada de línea. Las sucesivas detenciones de ex funcionarios kirchneristas en distintas causas de corrupción son directa consecuencia de la decisión de Irurzun. Los jueces se quejan por lo bajo de los “retos” de algunos de los camaristas cuando revisan sus decisiones; sienten que los exponen; que “sobreactúan”; y que el tribunal ahora quiere “desestenderse” del Poder Judicial del que formó parte durante el kirchnerismo.
El Gobierno tomó una decisión resistida por parte del tribunal. Logró el nombramiento del juez Pablo Bertuzzsi, miembro de uno d elos tribunales orales, para que pase a integrar una de las salas de la Cámara. Una decisión que puede cambiar la balanza de poder en el tribunal.
El viernes pasado, los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens -miembros recientes en la Cámara- ordenaron la reapaertura del expediente contra los fiscales Delgado y Rodríguez, entendiendo que su cierre había sido prematuro y que el juez Rafecas debía realizar algunas medidas de prueba.
La decisión de los camaristas reavivó el peso muerto que los servicios de inteligencia todavía tienen para incidir en las decisiones de jueces y fiscales, y el estigma recurrente de que investigar al poder de turno cuesta caro y que es más conveniente esperar una década. Bruglia y Llorens recibieron llamados de fiscales extendiendo quejas y pidiendo explicaciones. Carlos Rívolo, presidente de la asociación que representa a los miembros del Ministerio Público Fiscal, dialogó con ambos en esos términos. Los camaristas no esperaban esa reacción.
La preocupación de que las denuncias penales contra los funcionarios que investigan al poder de turno se extiendan como práctica de “apriete” movilizó a muchos en el quinto piso de Comodoro Py 2002, donde están los despachos de los fiscales. Temen que si prospera el caso contra Delgado y Rodríguez se instale como una medida ejemplificadora. Una pulseada que Cambiemos ya demostró querer ganar en otros casos. Correo Argentino, es uno de ellos. Sin embargo, Bruglia y Llorens entendieron que se trata de un “tema procesal” y que no están pidiendo que se juzgue a los fiscales por sus decisiones jurídicas -lease por investigar al poder de turno- sino por “cómo proceden o no de acuerdo a las reglas”, explicaron cerca de los camaristas.
En esta causa, el camarista Irurzun votó en disidencia. Sorprendió que el juez opinara que la causa contra Delgado y Rodríguez debía permanecer archivada, aunque con un cambio de carátula que permitía reactivarla en otro momento. Fue la primera de dos decisiones de Irurzun que desentonan con su buena llegada al Gobierno. El camarista también decidió que las causas por los aportes truchos de las campañas de Cambiemos en 2015 y 2017 se acumulen y sean investigadas por el juez Sebastián Casanello, una medida que el macrismo tal vez esté leyendo entrelíneas (ver aparte).
