Parece más una movida política que una propuesta que tenga chances de prosperar en pleno cierre del año y de recambio legislativo. No obstante, referentes de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley con el objetivo de modificar el reparto de fondos que recibe el Poder Judicial, acotando el porcentaje que le corresponde a la Corte Suprema y beneficiando al Consejo de la Magistratura. Todo en un contexto de tensión que se mantiene entre el máximo tribunal y el Gobierno de Mauricio Macri, y de reclamos de los jueces supremos de más fondos a pesar de contar con más de 30.000 millones de pesos depositados como fondo de reserva.
Por ley, el Poder Judicial debe recibir el 3,5% de los recursos de la administración central. Un decreto de Néstor Kirchner, en 2005, estableció que el 2,93% vaya directo al Consejo de la Magistratura (encargado de administrar a todo ese poder) y el 0,57% restante a la Corte Suprema. Pablo Tonelli, Mario Negri, Alvaro González y Diego Mestre presentaron este jueves un proyecto por el cual reducen a menos de la mitad lo que debería recibir el Alto Tribunal (0,20% contra 3,30% para el Consejo).
Cuánto ganan los políticos argentinos
“Este esquema de distribución de recursos ha demostrado ser inadecuado, dejando al Consejo de la Magistratura y a los tribunales bajo su administración en una situación de desequilibrio estructural y vulnerabilidad financiera crónica. Ello, con el consecuente impacto negativo sobre la autarquía e independencia del Poder Judicial" sostuvo Tonelli.
Las discusiones sobre el manejo del presupuesto de la Justicia no son nuevas. Los últimos años, los jueces supremos vienen elevando reclamos a la Casa Rosada para que le giren más fondos para pagar aumentos salariales. El Gobierno, por su parte, transfiere pero siempre responde que la Corte tiene recursos suficientes para hacerse cargo de esas erogaciones. Se refiere a un fondo anticíclico que el tribunal, bajo el comando de Ricardo Lorenzetti, armó en 2008 en pleno cruce con el gobierno de Cristina Kirchner. Según los datos públicos, hoy la Corte Suprema tiene disponible en cuentas bancarias $ 30.940 millones, la mayoría en plazos fijos. En lo que va de 2019, recibió intereses por esos fondos por $ 5.932 millones (datos hasta octubre inclusive). Esa cifra es similar a la que recibió por parte del Gobierno nacional como parte del decreto 557/05 de Kirchner ($ 5.791 millones había recibido hasta septiembre). Para tener dimensión de los fondos, la aplicación de la ley de emergencia alimentaria (sancionada en septiembre) significó una reasignación presupuestaria de menos de $ 10 mil millones.
Roberto Cachanosky: "Un senador argentino es 10 veces más caro que un senador español"
Como contracara, el Consejo de la Magistratura viene sufriendo un déficit operativo mensual desde hace varios años. Según los diputados que escribieron el proyecto, el 95% de su presupuesto se va en gastos salariales, con lo que apenas un 5% queda para mejoras estructurales en tribunales y juzgados que vienen evidenciando serias deficiencias.
Tonelli, al presentar el proyecto, hizo mención a un “desequilibrio presupuestario” que generó el decreto de Kirchner, por el cual la Corte “pasó a administrar una masa superavitaria de fondos que no tienen aplicación al pago de haberes o a inversión en el Poder Judicial, y que se mantienen bajo la absoluta discrecionalidad”.
