El proyecto del Gobierno de Mauricio Macri para traspasar el Programa de Protección de Testigos e Imputados a la órbita del Poder Judicial quedó estancado en la mañana de este miércoles 13 de noviembre. La traba se debió a las diferencias con la Cámara de Casación Federal —bajo cuya órbita iba a quedar el Programa— y un sector de la Corte Superma, según confirmaron fuentes del Poder Judicial y del Ejecutivo nacional a PERFIL.
El traspaso del Programa, que alberga a cerca de 200 personas y casi un centenar de familiares, iba a ser firmado hoy en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el jefe de Estado, para publicarlo mañana en el Boletín Oficial (BO). Pero la iniciativa enfrentaba desde su concepción durísimas críticas y resistencias al interior del fuero federal, que se profundizaron en las últimas horas y obligaron a un replanteo por parte del macrismo. Tiempos, motivaciones que llevaban al traslado, presupuestos, responsabilidades y cuestiones jurisdiccionales formaban parte de las principales críticas desde la justicia.
Mientras que en la Justicia aún no hay una notificación oficial sobre la marcha atrás del gobierno, desde el Ejecutivo aseguraron a PERFIL que esperan limar las diferencias existentes tanto con Comodoro Py —dónde está Casación, el máximo tribunal penal del país— así como con la Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial, para retomar el tema.
Macri se dispone a trasladar el programa de protección de testigos al Poder Judicial
Sin embargo, la realidad indica que los tiempos juegan en contra del gobierno, que en menos de un mes deberá entregar el poder al justicialismo. Precisamente este cambio de gestión era el que, confiaban en Comodoro Py, aseguraba que en diciembre pondría fin a la decisión del macrismo. “Un Presidente lo decreta y otro puede dar de baja ese decreto”, sostenían para resumir que no se llegaría a implementar.
En los tribunales de Retiro las críticas arreciaron desde el momento en que la idea de trasladar el Programa se planteó primero como un rumor. Sostenían que era absolutamente “irracional”, en primer lugar sacar un decreto de necesidad y urgencia, cuando no existía “ni necesidad, ni urgencia”. En tanto que, por otro se hacía hincapié en la cuestión jurisdiccional, ya que, explicaban, se ponía en manos de jueces en control de los testigos e imputados, sobre quienes ellos mismos debían controlar la validez de sus dichos. Así como también por las motivaciones políticas que habían llevado al macrismo a decidir el traslado, que eran porque entendían que varias de las personas involucradas en el Programa eran imputados que habían apuntado contra el kirchnerismo, que, a partir del 10 de diciembre, volverá al Ejecutivo. Entre ellos José López, Leonardo Fariña y Laura Muñóz,
Además, desde la justicia, se criticaba que el traspaso se haría sin contemplar que ellos no tienen el control de las fuerzas de seguridad, como si sucede con el Ejecutivo, y la falta de contemplación del presupuesto que el Programa demanda.
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