El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó el protocolo que busca evitar la realización de piquetes callejeros, dado a conocer hoy, al advertir que "limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta".
A través de su cuenta de Facebook y Twitter, el CELS enumeró siete puntos para sentar su posición contraria a la medida, que ya había sido anticipada en su momento por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La entidad observó que "según el protocolo, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad".
Tras denunciar que "amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social", el CELS remarcó que el nuevo reglamento "no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones ni el uso de balas de goma para dispersar".
"La prohibición del uso de armas de fuego se había logrado en 2004 y fue volcada en la resolución 210/2011", recordó el organismo, en tanto agregó que, además, "limita el ejercicio del trabajo periodístico y su efecto de control sobre los operativos policiales".
Finalmente, la entidad dirigida por el periodista Horacio Vertbisky sostuvo que "todas estas regulaciones son contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta".
