Con sesiones en ambas cámaras y la aprobación de leyes de relevancia que habían quedado pendientes por la campaña, el Congreso cerró esta semana su capítulo preelectoral y se encamina a dos semanas de virtual receso hasta después del 14 de noviembre.
Según comentaron a PERFIL fuentes parlamentarias, la perspectiva de trabajo es hasta por lo menos el 30 de diciembre, lo que ya anticipa que el presidente Alberto Fernández deberá convocar a sesiones extraordinarias.
Sin embargo, el ritmo de trabajo lo marcará el resultado electoral y la composición definitiva que tendrá cada uno de los bloques después del 10 de diciembre. El Presupuesto 2022 se encuentra al tope de las prioridades para el tratamiento pero es difícil que llegue a convertirse en ley antes de la finalización del período ordinario de trabajo parlamentario el 30 de diciembre.
Entre los temas de relevancia en el oficialismo no olvidan mencionar el proyecto de Ley de Hidrocarburos que envió el Poder Ejecutivo y que quedó pendiente de debate, así como otros textos ligados a brindar mayor alivio fiscal pospandemia y otros ligados a la actividad productiva.
Desde la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, el Congreso no tuvo receso estival durante 2020 ni durante 2021, aunque la convocatoria a extraordinarias no se tradujo directamente en la aprobación de la totalidad de las leyes pedidas por el Presidente. Es así como Alberto Fernández pidió el tratamiento de 35 proyectos durante el último verano y se aprobó menos de un tercio, no solo por las diferencias entre el oficialismo y la oposición, sino por cortocircuitos que surgieron al interior del Frente de Todos.
Con ese antecedente, resultará aún más relevante tener en cuenta los cambios que sufrirán los distintos bloques y la composición de cada una de las cámaras, donde el FdT podría dejar de ser la primera minoría en Diputados y perder el quórum propio en el Senado, dos herramientas que le resultan fundamentales para avanzar con iniciativas propias aunque no del todo suficientes.
Balance. Diputados tuvo el último martes la única sesión desde el inicio de la campaña electoral con un saldo que tanto oficialismo como oposición valoran como positivo. Es que finalmente se convirtió en ley el proyecto de etiquetado frontal de alimentos, exactamente un año después de la media sanción del Senado y con peligro de perder estado parlamentario si otro obstáculo se interponía en el camino. También se aprobaron otras iniciativas como el proyecto para la protección de personas en situación de calle, el régimen especial para trabajadores de viñas y la postergada Ley Ovina.
Sin dudas, el gran triunfo de la semana se lo llevó el Frente de Todos con la aprobación en ambas cámaras del proyecto de alivio fiscal que impulsó Sergio Massa luego de las PASO que incluso recibió el acompañamiento de la oposición. El tigrense tiene además otro proyecto para convertir los planes sociales en empleo, una idea que está rondando en varios espacios políticos y sociales pero que no genera un completo consenso sobre cuál es la herramienta correcta para no brindar una salida incompleta.
En el Senado, en tanto, dio media sanción a la modificación del piso del Impuesto de Bienes Personales que busca eximir del alcance del gravamen a los contribuyentes cuyos bienes, en su conjunto, resulten en un valor igual o inferior a los ocho millones de pesos.
Iniciativa anticlientelismo
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para actualizar el régimen de delitos electorales del Código Nacional Electoral vinculado al uso de recursos públicos. A partir de una iniciativa de la radical Carla Carrizo, se solicita incorporar el reparto de subsidios, las transferencias discrecionales y las alteraciones presupuestarias durante el proceso electoral como prohibiciones expresas.
Además, se establecen específicamente las sanciones a funcionarios que tengan conductas clientelares debido a la cantidad de actos que han ocurrido durante las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y que no tienen una tipificación específica en la ley.
El texto se conoció luego de dos frenos que impuso la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría a iniciativas del Ministerio de Cultura que contemplaban el otorgamiento de subsidios para el área.
