Muchos de los asistentes a la reunión del Consejo del Salario Mínimo, realizada ayer en el Ministerio de Producción, ya sabían qué ocurriría: el Gobierno había decidido hace días laudar, sin acuerdo entre gremios y empresarios durante los encuentros previos, un aumento del 35% del salario mínimo vital y móvil.
A pesar de las gestiones de la CGT que pedía que al menos el incremento se realizará en una sola cuota, el Ejecutivo decidió que el incremento se efectúe a través de tres cuotas que, al menos, serán cortas: 13% en agosto, 12% en septiembre y 10% en octubre, cuando alcanzará los 16.785 pesos, un incremento total de 4.285 pesos respecto del valor que mantenía desde marzo ($ 12.500).
Según indicaron a PERFIL asistentes a la reunión, antes de la definición unilateral del Gobierno se eligieron como consejeros de la parte empresarial a Adelmo Gabbi y Jaime Campos y como representantes del sector del trabajo, a José Luis Lingeri y Sergio Romero. Luego, Daniel Funes de Rioja (UIA) propuso un aumento del 25%, con un adicional del 5% que no sería acumulativo a partir de noviembre. Por su parte, Héctor Daer, cosecretario de la CGT, dijo que, como había ocurrido en otros años, la CGT demandaba que se igualara con la canasta básica y se elevara hasta 31.900 pesos a partir de agosto. Luego, Ricardo Peidró, de la CTA Autónoma, y Edgardo Llanos, secundaron el reclamo de Daer.
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“Ante la falta de un acuerdo”, informaron desde el despacho del ministro Dante Sica, quien presidió el encuentro, “el Ministerio de Producción y Trabajo resolvió elevar a través de un laudo la pauta del mínimo salarial que debe percibir un trabajador soltero, sin hijos, mensualizado, que cumple la jornada legal completa de trabajo”.
“No es lo suficientemente aceptable”, explicó tras la reunión Daer. “No estamos conformes”, agregó el líder gremial antes de informar que habían pedido “un sueldo mínimo de $ 30 mil”. Luego aclaró que no estaba entre los planes de la central obrera lanzar una medida de fuerza. En las CTA, en cambio, evaluarán si toman o no medidas de protesta tras el laudo que dispuso ayer la cartera de Producción.
Nuevo representante. La novedad de este año fue que, por primera vez, el Consejo del Salario contó con la presencia de los representantes de la denominada “economía popular”. Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la CTEP, presente en la cumbre, evaluó ante la consulta de este medio que el espacio se logró “primero con la unidad de los movimientos sociales, con un diálogo con los sindicatos y presentando propuestas que apuntaban a una nueva definición del trabajo, distinta a la que existía hace cuarenta años”.
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Como ejemplos, señaló que se debía reconocer a las “amas de casa o las compañeras que trabajan en comedores y merenderos” como trabajadoras, “a pesar de que no tengan un empleador”.
Según la Ley de Emergencia Social, el principal plan social, denominado “salario social”, debe ser de al menos el 50% del sueldo mínimo. Castro aclaró que “no era suficiente el aumento” y contó que están negociando “un refuerzo porque hoy con 7.500 pesos no se cubren los gastos ni de una semana”. Por otro lado, aclaró que la principal preocupación es la falta de alimentos al indicar que “hay un riesgo de explosión social muy grande que las organizaciones ayudan a contener”.
