El Ejecutivo envió al Congreso el proyecto que busca reformar el Régimen Penal de la Minoridad para crear un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. La iniciativa había sido mencionada por el presidente, Mauricio Macri, durante la apertura de sesiones ordinarias. “Es mucho más que la baja de un año en la edad de imputabilidad para algunos delitos graves”, había expresado el mandatario. “El proyecto le da una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino de convertirse en delincuentes. Y, hay que contenerlos, darles una oportunidad de hacerse responsables de sus actos y ayudarlos a tener un rol positivo en la sociedad”, agregó.
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Según el texto, le ley se aplicará “al adolescente de 15 años que cometiere algún delito reprimido con una pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal o en las leyes especiales”. Para los mayores de 16 y menores de 18, su aplicación estará contemplada para quienes cometieran “un hecho previsto como delito de acción pública en el Código Penal y las leyes especiales, con excepción de aquellos reprimidos con pena máxima de prisión igual o menor a dos años o sancionados con pena de multa o inhabilitación como pena principal”.
En el caso de tentativa, el proyecto establece que se aplicará también al adolescente que, con el fin de cometer uno de los delitos citados, “comenzare su ejecución pero no lo consumare por circunstancias ajenas a su voluntad”. El texto expresa que “si no resultare posible comprobar fehacientemente la edad mínima o máxima establecidas en el artículo 1°, deberá presumirse que el imputado no las había alcanzado al momento del hecho”.
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Sobre la privación de la libertad del imputado, la norma tendrá vigencia “como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible”. La iniciativa propone también que “los adolescentes no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”. Además, quedará prohibido que el alojamiento de los menores sea en dependencias de las fuerzas de seguridad o en establecimientos carcelarios.
Tras la detención, se deberá trasladar al adolescente a la sede del juzgado dentro de las 24 horas. De esta forma, el proyecto buscará establecer la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 siempre al momento de la comisión de un delito. El control de la ejecución de las sanciones estará a cargo de órganos especializados en el trato con adolescentes y de acuerdo a los contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño. La duración máxima del proceso penal no deberá exceder el término de tres años.
AB CP
