El Gobierno pidió a la Justicia que le allane el camino para destituir por decreto a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El Ministerio de Justicia, que encabeza Germán Garavano, presentó esta semana ante el juez Ernesto Luis Marinelli un escrito en el que pide que el magistrado declare que la norma que establece que la jefa de los fiscales sólo puede ser apartada mediante juicio político es inconstitucional. Así lo plasmaron los abogados del Estado en el documento al que accedió PERFIL.
La norma cuestionada por el gobierno de Mauricio Macri es el artículo 76 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que garantiza que el Procurador General de la Nación es un cargo equiparable al del Presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete y los ministros de la Corte Suprema, y que, por lo tanto, sólo puede ser destituido mediante juicio político. “No es coherente con el texto ni los principios de la Constitución Nacional”, dice el escrito presentado por el Gobierno.
Esa ley buscó darle autonomía al jefe de los fiscales y evitar que sea removido de un plumazo. El Ejecutivo pide dar marcha atrás. Argumentó que ese artículo de la ley modificó el espíritu de dos artículos de la Constitución Nacional: el 53 y el 59. Ambos excluyen al Procurador de la lista de funcionarios y magistrados que deben destituirse por juicio político.
La presentación del Ejecutivo ocurre días después de fracasar en el intento de destituir al ex ministro Julio De Vido de su banca en el Congreso. Es en la cámara de Diputados donde el Gobierno necesita los votos para iniciar el juicio político de Gils Carbó, y en el Senado, para destituirla. Pero los números no están del lado de Mauricio Macri.
Gils Carbó será indagada por supuesta corrupción a fines de mes y podría quedar procesada. Aun con ese escenario la estrategia en el Congreso no le da garantías al Ejecutivo. La Procuradora ya adelantó que no renunciará y que la causa fue supuestamente armada por el Gobierno.
El Ejecutivo basó sus argumentos en dos fallos de la Corte de los 90. En los fallos Molinas y Solá, el máximo tribunal estableció que los únicos que pueden ser sometidos a juicio político son los que enumera la Constitución: el Presidente, el vice, el jefe de Gabinete y los miembros de la Corte. Entonces, esos fallos permitieron a Carlos Menem deshacerse de dos fiscales que investigaban casos de corrupción: Ricardo Molinas y Roberto Solá. Reflotar el fallo Molinas agita fantasma. El propio Macri no pierde oportunidad para defenestrar a los fiscales que impulsan las investigaciones en su contra.
A principios de julio, Garavano había descartado la posibilidad de desplazar a la jefa de los fiscales por decreto. Ahora apuesta a que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la norma y obligar al Congreso a sancionar una nueva ley que permita su expulsión sin juicio político, explicaron en el ministerio. Esperan un largo proceso. El caso puede llegar hasta la Corte Suprema.
Marinelli es uno de los jueces del fuero Contencioso Administrativo, donde se dirimen las cuestiones contra el Estado. La causa se abrió por una demanda de una ONG ligada al Gobierno, la Asociación Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, solicitando que el Estado resuelva que el artículo cuestionado es inconstitucional. Tras la presentación del Ejecutivo, el juez decidió informar a Gils Carbó y habilitarla como “tercera interesada” para que pueda defender su posición. Tiene diez días para responder.
Hay otra cuestión central en el artículo 76 de la Ley. Establece que los fiscales sólo pueden ser removidos de sus cargos por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. Si el artículo es declarado inconstitucional, el Gobierno podría destituir fiscales por decreto. Garavano aseguró que esa parte de la norma no está siendo cuestionada y que el planteo del ministerio se centra sólo en el caso del Procurador. Cerca de Gils Carbó afirman que “la Procuradora entiende que este fallo podría afectar la estabilidad de todos los fiscales, así que su defensa excederá lo individual”.
