El hijo del titular del gremio de Transporte trabaja para el gobierno porteño

Roberto Fernández tomó las riendas del gremio nacional del Transporte en 2006. Maneja, desde entonces, uno de los sindicatos más poderosos de la Argentina ya que una medida de fuerza de su gremio equivale a un país practicamente paralizado. Su nombre volvió al centro de escena tras los reclamos de los metrodelegados, con Néstor Segovia a la cabeza, que exigen reabrir la paritaria que cerró la UTA por un 15 por ciento, cuando la inflación será de casi el doble.

Fernández sabe que una medida de fuerza de su gremio es clave a la hora de una huelga y así lo demostrará el lunes 25 cuando la CGT encabece el tercer paro contra la administración de Mauricio Macri. Además de firmar paritarias por debajo de los aumentos, este gremialista supo ubicar muy bien a su hijo, Roberto Alejandro Fernández, quien desde 2012 trabaja en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. El dato fue confirmado por Fernández padre y por las autoridades del IVC. Además, el joven cuenta su tarea en Linkedin.

Según pudo saber PERFIL su salario rondaba lo 85 mil pesos hasta que Rodríguez Larreta emitió un decreto bajando los sueldos a los directores al 30 por ciento de un ministro. Ahora, según fuentes oficiales es un salario cercano a los 50 mil. Este medio se comunicó con voceros de IVC para obtener declaraciones del funcionario sobre su carrera, su pasado en la gestión pública, pero no quisieron brindar ningún detalle. Según contaron dirigentes a este medio, ingresó recomendado por el actual embajador en España, Ramón Puerta.

Reapertura. Días atrás la Justicia le dio la razón a los metrodelegados y ordenó incluirlos en la negociación por las paritarias. Allí, el juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario números 2 de la Ciudad hizo lugar a un amparo presentado por los metrodelegados contra el Gobierno y ordenó incluirlos en las negociaciones paritarias.

De esta manera habrá una mesa negociadora de SBASE, Metrovias, a la UTA y a la AGTSyP, la cual funcionara durante 60 días con el fin de convenir la paritaria salarial 2018. A raíz de eso, los metrodelegados no podrán realizar medidas de fuerza. Por otra parte, la empresa deberá "abstenerse de incorporar a personal externo o interno no calificado, para tareas de guarda y conductor". En cuanto a las sanciones que había impuesto Metrovías a los trabajadores por levantar molinetes, la Justicia ordenó dejar sin efecto las sanciones de este conflicto. Por último, ordenó a los funcionarios del GCBA que se abstengan de efectuar declaraciones públicas que tergiversen los contenidos de normas o fallos en relación al conflicto con AGTSyP.