Desde el comienzo de la instrucción del caso por la muerte de María Marta García Belsunce -que poco después se establecería que fue un crimen- el expediente estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico y el juez de Garantías de San Isidro, Diego Barroetaveña.
Mientras que el primero es uno de los protagonistas de Carmel, el documental que es suceso por estos días en Netflix, Barroetaveña sólo aparece mencionado en algunos pasajes de los capítulos. El hecho no es casual, Barroetaveña ostenta perfil bajísimo. Fue así durante los 18 años que pasaron desde el crimen de la socióloga.
Lejos del departamento judicial de San Isidro, en el que tramitó el caso, Barroetaveña es desde hace poco más de dos años, integrante de la Cámara de Casación Federal, máximo tribunal penal del país. Allí, por estos días, trabaja en el caso de los Cuadernos de las Coimas, que involucra a CFK, como jefa de una asociación ilícita, y en el que el magistrado, junto a dos pares, debe decidir sobre la validez de las declaraciones de los arrepentidos, uno de los pilares del caso. Entre una y otra causa, a lo largo de estas casi dos décadas, Barroetaveña intervino en juicios de lesa humanidad y hasta en el debate por el crimen del joven militante, Mariano Ferreyra, en el que terminó condenado el sindicalista José Pedraza.
Nacido en diciembre de 1961, en San Fernando, al norte del conurbano bonaerense, Barroetaveña es un hombre de larga trayectoria en el Poder Judicial, donde entró como auxiliar. Pasó por juzgados penales y fue defensor de pobres y ausentes. Hasta que en septiembre de 1998 recaló en el Juzgado de Garantías 1 de San Isidro, adonde poco más de cuatro años más tarde llegaría el caso de María Marta García Belsunce. Eran meses de caos, con un país en pleno conflicto tras el final de 2001, y con innumerables casos de secuestros extorsivos, entre otros delitos. Pero desde entonces nada volvió a ser lo mismo. La atención que suscitaba el caso García Belsunce volvió el lugar un hervidero, epicentro de cruces, acusaciones y declaraciones varias.
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En los casi siete años que permaneció allí, Barroetaveña hizo gala de sus silencios públicos y terminó enfrentado a varios otros funcionarios judiciales. Fue cuestionado por no haber acatado una orden de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, que había ordenado detener a Carlos Carrascosa, viudo de García Belsunce y señalado inicialmente por el crimen. Antes había rechazado la prisión preventiva que Molina Pico había solicitado para él. No fueron las únicas diferencias entre juez y fiscal. El magistrado también rechazó en su momento la elevación a juicio pedida por el fiscal y hasta lo apartó al aceptar una recusación pedida por la defensa.
Entre los cruces entre ambos también estuvo cuando Barroetaveña prohibió la extracción de sangre a familiares y amigos de María Marta para un estudio de ADN, hasta tanto las partes coincidieran en que fueron sometidos a estudio todos los restos hallados en la escena del crimen, un punto que fue mencionado en el documental. El devenir del caso con el correr de los años pareció terminar dándole la razón al magistrado.
Por esos días el caso era tan mediático que hasta lo invitaron al programa de Mirtha Legrand, lo que el magistrado rechazó de plano. Quienes lo conocen de cerca sostienen que es un convencido del bajo perfil y que no se debe hablar públicamente de un expediente en curso. Por esos días el caso también tuvo un costo personal para él. Era el mejor posicionado en el concurso para cubrir una de las vacantes de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, pero su posición en el expediente le valió no lograr el ascenso.
Tal fue la exposición del caso que en 2004, cuando Barroetaveña ya estaba encaminado para ocupar uno de los juzgados federales de Comodoro Py, declinó de seguir avanzando allí y prefirió irse a la otra plaza por la que había concursado. Fue así como llegó a integrar el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 21 de la Capital Federal, con un menor perfil que los despachos del edificio de Retiro. Desde el TOC, en abril de 2013 impuso la pena de 15 años de prisión al ahora fallecido sindicalista ex titular de la Unión Ferroviaria (UF) José Pedraza, entre otros acusados, por el crimen del joven integrante del Partido Obrero (PO), Mariano Ferreyra. En una sentencia considerada “histórica”, junto a sus compañeros de tribunal, condenaron a Pedraza como autor penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa en calidad de partícipes necesarios. El crimen de Ferreyra había ocurrido en octubre de 2010, en el marco de una protesta de trabajadores tercerizados que reclamaban una mejora en su situación laboral.
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Con el correr de los años y tras numerosos planteos de la defensa del sindicalista, Barroetaveña siempre fue quien se opuso a que se le otorgara la prisión domiciliaria en un lujoso departamento en el piso 35 de una torre de Palermo.
Tras su paso por la justicia criminal de la ciudad de Buenos Aires saltó al fuero federal, en un tribunal de esa categoría en la jurisdicción de San Martín. Allí llevó adelante, entre otros, juicios por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura cívico-militar, en el denominado circuito Campo de Mayo. En materia de lesa humanidad también intervino en debates como “Escuelita III”, por hechos ocurridos durante aquellos años de dictadura en la provincia de Neuquén.
En 2015 también conformó el Tribunal de San Martín que condenó por el caso de Brian Núñez, por primera vez a miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por los delitos de torturas aplicadas contra el joven, quien se encontraba privado de su libertad y bajo la custodia material del personal penitenciario en funciones.
En julio de 2018 llegaría su desembarco en la Cámara de Casación Federal. Fue durante el macrismo, pero su camino hacia allí había comenzado unos años antes. Desde el primer piso del edificio de la avenida Comodoro Py, en los últimos meses rechazó pedidos de arresto domiciliario por coronavirus presentados por las defensas de los condenados represores de la última dictadura militar como Miguel Etchecolatz.
Junto a sus compañeros Ana María Figueroa y Daniel Petrone declinaron el planteo porque consideraron que las autoridades penitenciarias "han adoptado medidas de aislamiento" en el lugar de detención de Etchecolatz y "hasta el momento no se han reportado casos positivos ni sospechosos". No fueron los únicos rechazos, también lo hicieron respecto de otorgar arrestos domiciliarios a tres de los condenados por la tragedia ferroviaria de Once ocurrida en 2012. Entre ellos el exsecretario de Transportes Juan Pablo Schiavi, el empresario Claudio Cirigliano y el exejecutivo de TBA Víctor Eduardo Astrella.
Ahora la atención está puesta en su decisión en el marco de los cuadernos de las corrupción, en las que las defensas buscan que se declare la nulidad de las declaraciones de los arrepentidos. Una parada fundamental para que sus representados salgan ilesos del caso que comenzó con las anotaciones de Oscar Centeno. Una decisión importante para un juez que conoce de presiones.
EA/MC
