Hace apenas unas semanas, diputados nacionales del oficialismo ligados a movimientos sociales presentaron en sociedad el proyecto para implementar el Salario Básico Universal. La propuesta contempla otorgar una prestación equivalente a una canasta básica alimentaria para un adulto, hoy valuada en $14.401, para quienes se encuentren desocupados, para trabajadores informales, de casas de familia y monotributistas sociales.
En medio de la polémica por el control de los planes, la iniciativa que presentaron diputados de Patria Grande como Itaí Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho, con el aval de Leonardo Grosso del Movimiento Evita, de La Cámpora y de los legisladores más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, retomó impulso como una alternativa frente a la idea de que se eliminen los intermediarios en el otorgamiento de la ayuda social para garantizar una distribución equitativa.
“Estoy de acuerdo con la universalización de los planes y que lo maneje el Estado, el SBU es eso, un ingreso mínimo para que a ninguna persona le falte el plato de comida, borrando la indigencia de la Argentina de una vez”, planteó Zaracho después de las declaraciones de la vice el último lunes.
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En los movimientos sociales causó cierta molestia su cuestionamiento porque aseguran que quienes reciben planes también trabajan para complementar una asignación que alcanza los 18 mil pesos y que, según dicen, “nadie vive con esa plata”.
El tema por ahora no reúne completo consenso al interior del Frente de Todos aunque asoma como una alternativa del oficialismo para formalizar un plan de acción que tiene en mente la vicepresidenta.
