El Gobierno consiguió esta madrugada, con ayuda de casi la totalidad de la oposición y en especial del sector del PJ-FPV alineado con los gobernadores de ese signo político, dar sanción definitiva a la ley que abre las puertas para el pago a los llamados fondos buitre, y con ello cosechó su primer triunfo político de importancia a nivel parlamentario.
El proyecto fue aprobado, luego de trece horas de debate, en general por 54 votos positivos (23 de ellos aportados por el PJ-FPV, más sus 2 aliados del PJ-La Pampa y la senadora del partido Renovador Salteño María Fiore Viñuales, quien armó bloque propio aunque ingreso al Senado por la lista del FPV); 16 en contra, de los legisladores kirchneristas, sobre un total de 70 legisladores presentes, incluido el riojano Carlos Menem.
A esa lista se suman los senadores del PJ-FPV como el bonaerense Juan Manuel Abal Medina (presidente de la comisión de Presupuesto), el sanjuanino Ruperto Godoy, el puntano Daniel Pérsico, el chaqueño Eduardo Aguilar, el chubutense Mario Pais y el neuquino Marcelo Fuentes.
Al cierre, cerca de medianoche, el jefe del bloque PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto, reconoció la división del peronismo en este tema pero fue uno de los que mejor defendió el proyecto oficial, incluidos algunos oficialistas, pero terminó su intervención con una andanada: "Quiero hacer un pedido: Pídanle la renuncia al Procurador del Tesoro (Carlos Balbín), porque el gobierno necesita de gente valiente. Derivó todo a los abogados de Estados Unidos", dijo.
Pero el radical Angel Rozas, como jefe del interbloque Cambiemos, defendió al Procurador de origen radical, de quien opinó que es "un funcionario competente", y celebró que el presidente Mauricio Macri lo haya designado en el cargo, aunque Balbín fue cuestionado desde distintos sectores durante la audiencia de la comisión por no haber emitido un informe escrito sobre los peligros de litigiosidad.
En el recinto, al inicio del debate que comenzó cerca del mediodía, el peronismo expuso sus divisiones internas a partir de las distancias con el gobierno macrista, que por ahora parece haber encontrado el camino para disciplinar y lograr el respaldo de los gobernadores de la mayoría de las provincias, que quedaron expresados en el rechazo de algunos y el apoyo de otros al proyecto que deroga la ley de pago soberano y la ley cerrojo.
El radical mendocino Julio Cobos fue el miembro informante del oficialismo y el encargado de defender, como vicepresidente de la comisión de Presupuesto, el proyecto en cuestión, y aseguró que el pago a los hold-outs no genera "nueva deuda".
Después, dijo que el Gobierno "está haciendo todo lo posible para cumplir con la sentencia judicial" para sacar al país del default, y aseguró que -pese a existir el plazo del 14 de abril para efectuar el pago de 11.684 millones de dólares- "los tiempos los ponemos nosotros", para luego precisar que si todos los bonistas aceptasen la oferta argentina, se terminará pagando un interés de 4,8 por ciento, una tasa menor que el 7 por ciento que se le pagó al Club de París.
A lo largo de la jornada aparecieron las críticas al proyecto -en especial, pero no las únicas, provenientes de los sectores del kirchnerismo- al que le adjudicaron que abre la posibilidad de ingresar en un nuevo ciclo de endeudamiento del país, la falta de información precisa sobre el monto real a pagar, así como la de garantías de que no se abra un nuevo proceso de juicios, tanto por los holdouts como por los bonistas que sí ingresaron en los canjes anteriores, entre otras cuestiones.
Entre los peronistas que se pronunciaron a favor de la iniciativa se expresaron el salteño Rodolfo Urtubey (hermano del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey), quien, como jurista, estimó que "la litigiosidad ha quedado muy acotada", aunque admitió que "no eliminada" y, a diferencia de Labado, sostuvo que es conveniente "la eliminación de la Ley Cerrojo, porque cumplió su función histórica", que en su momento convenció a bonistas "con la amenaza de que, si quedás fuera del canje, quedás afuera de todo".
En igual sentido, se expresó el santafesino Omar Perotti, quien consideró necesario "cerrar el default de la Argentina" y dijo que la referida ley es "una herramienta que el Presidente está pidiendo, y la sociedad lo ha elegido a él", al tiempo que admitió que, si hubiera sido electo gobernador de su provincia, hubiera pedido el apoyo a la norma.
Lo mismo hicieron los peronistas entrerrianos Pedro Guastavino y Sigrid Kunath, el misionero Juan Irrazábal, la sanjuanina Marina Riofrío, la formoseña Graciela de la Rosa (quien no había firmado el dictamen de comisión), la representante del Frente Cívico por Santiago Ada Iturrez, el peronista anti-K Juan Carlos Romero, el dasnevista Alfredo Luenzo, Jaime Linares, del GEN; el massista sanjuanino Roberto Basualdo, el macrista entrerriano Alfredo De Angeli, su compañero de bloque Pedro Braillard Poccard y el radical pampeano Juan Marino, entre otros.
Quien jugó al misterio fue el puntano Adolfo Rodríguez Saá, aquel que en 2001 declaró el default de la Argentina aclamado por el Congreso Nacional, y hasta último momento evitó decir cómo pensaba votar junto con su compañera de bancada Liliana Negre, pero al final, y pese a hacer un discurso duro contra el acuerdo, resolvió "votar en forma positiva en general", a pesar de que su hermano el gobernador Alberto Rodríguez Saá se pronunció en contra del proyecto ante los senadores en la audiencia de consulta realizada a nivel de comisión.
El puntano habló de "la deuda odiosa", mostró fojas del anexo del proyecto donde figura una página de "una agenda manuscrita donde se celebra un acuerdo que alcanza la cantidad de 800 millones dólares y luego se la extiende "a 849 millones", también cuestionó que la Argentina se comprometa a pagar antes de que se levanten las cautelares de la Justicia norteamericana así como al pago de los honorarios de los abogados litigantes".
Incluso, propuso que se establezca "el nunca más del endeudamiento irresponsable", pero sin embargo acompañó al oficialismo.
Antes, la camporista Virginia García, al rechazar la iniciativa oficial, dijo comprender el voto a favor de muchos senadores incluso del peronismo porque "muchas provincias han recibido asistencia financiera" del gobierno nacional, pero advirtió que "Santa Cruz no estaba en ningún decreto de asistencia financiera".
Su coprovinciana Labado, autora de un dictamen de minoría contra el acuerdo que firmó también Godoy, recordó que "el 93 por ciento (de la deuda) lo reestructuró el gobierno de Néstor y Cristina (Kirchner)" y dijo que "los juristas que pasaron", por la ronda de consultas realizada en el Senado, "dijeron que sí" es probable que los bonistas que aceptaron los canjes de títulos anteriores inicien acciones legales contra la Argentina.
La chubutense Nancy González había advertido que "si esto sale mal, no será solo culpa del Poder Ejecutivo, sino de todos aquellos que pongan el dedo por la afirmativa".
