Ayer, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja se aventuró a decir que el problema que causó el derrame de un millón de litros de cianuro por parte de la minera Barrick Gold "está superado, vamos a investigar a fondo".
Sin embargo, Perfil.com pudo revelar que la situación está lejos de controlarse y los vecinos de las localidades afectadas tienen miedo. Y con razón.
Hace unos días la alarma se encendió por un mensaje de Whatsapp que un empleado de la multinacional envió a su familia. Allí, les ordenó no tomar agua porque había habido un derrame. El mensaje se viralizó y recién entonces el Estado actuó. Primero se habló de un derrame de 12 mil litros, luego de 24 mil y ahora la propia empresa reconoció que se trató de un millón de litros en la mina Veladero.
Los departamentos más afectados son los de Iglesias y Jáchal. Alejandra Guevara es abogada y vivió toda su vida en Iglesias. En diálogo con Perfil.com apuntó contra la desinformación que tiene la ciudadanía de San Juan: "Desde que se comenzó la explotación de la minería, no sabemos que se controla, ni los procesos. Solo se hace a través de declaración jurada de la empresa", señaló.
Guevara relata algo que parece increíble, una zona que los habitantes argentinos y chilenos (la mina queda a pocos kilómetros de territorio trasandino) llaman "tercer territorio": "La zona de explotación de Veladero tiene restricciones, una suerte de tercer territorio, donde no pueden acceder ni chilenos ni argentinos, como un país aparte".
¿Por qué el Estado permite una situación así? Para la abogada es más simple: "Se financian campañas políticas y los funcionarios del Estado se manejan como empleados de las empresas"-
En Jáchal, la contadora Laura Ruiz describió a este portal como viven en medio de la desesperación y la desconfianza hacia las autoridades: "Estamos desorientados. Si nos mintieron con cuantos litros se derramaron, ¿cómo podemos saber ahora que es cierto cuando nos dicen que el agua es potable? Son dias muy tensos".
Otra de las voces que alertó a la población por este derrame fue Ernesto Lloveras, periodista y abogado especializado en derecho ambiental. Hace años que investiga la relación de Gioja y las mineras: "El gobernador no tuvo distancia de la Barrick. Hay una fuerte censura en los medios de comunicación por parte del gobierno provincial y de las mineras. Por ende no hubo crítica a la minería. Compraron silencio".
En 2013, el diario PERFIL publicó un artículo donde dio cuenta de la dificultad para la libertad de expresión en la provincia. Apuntó a Gastón Gioja, el mayor de los tres hijos del gobernador. "Se convirtió en un hombre de peso en el mundo empresarial de la provincia desde los medios de comunicación que fue adquiriendo. Se destacan el diario El Zonda, el canal 5 Telesol y la Radio del Sur, entre otros. Según un informe de la oposición, ese grupo recibe alrededor del 40% de la pauta oficial provincial. Hasta 2011, el estudio indicaba que recibía, en promedio, unos 96 millones de pesos al año".
Para Lloveras, esta es la mejor prueba para entender que "cuando los funcionarios deben hablar, salen a defender a la empresa, por ende hay interés comercial". Perfil.com se comunicó con voceros de la empresa y de Gioja, pero no hubo respuesta alguna.
(*) De la redacción de Perfil.com.
