Horas antes de que los ministros de la oposición desembarquen en Formosa, el gobernador Gildo Insfrán anunció que las familias con hijos menores de edad, personas mayores de 60 años y pacientes con patologías preexistentes podrán realizar el aislamiento social en sus domicilios. La decisión tuvo que ver con la intervención del gobierno nacional tras las denuncias por condiciones de hacinamiento y violaciones a los derechos humanos en los centros de aislamiento de esta provincia.
Sin romper el vínculo ni enfrentar a un gobernador aliado, en la Casa Rosada buscaron una salida a la dura estrategia sanitaria con la que avanzó Insfrán para enfrentar el coronavirus en la provincia que comanda. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se puso al frente del conflicto y no solo recibió a distintos organismos que denunciaron abusos, sino que también mantuvo distintas conversaciones con el jefe provincial para que flexibilice la cuarentena y la polémica con la oposición baje los niveles de confrontación.
Ante el conflicto, el gobierno de Alberto Fernández decidió “escuchar a todos” los actores involucrados en la provincia de Formosa. Primero Cafiero se reunió con la Defensoría de la Niñez y después con las autoridades de Amnistía Internacional Argentina. El pasado viernes 29 de enero, a través de su cuenta de Twitter, Amnistía Internacional Argentina había pedido a la Secretaría de Derechos Humanos condenar las violaciones de derechos humanos en Formosa y “agotar todos los medios a su alcance para revertir la grave situación”.
También recibió un documento de la Defensoría de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, a cargo de Marisa Graham. “Respecto a la situación en la provincia de Formosa, en el mes de octubre del año 2020, esta Defensoría recibió denuncias efectuadas por algunas organizaciones no gubernamentales que manifestaban la existencia de situaciones de vulneración de derechos en el marco de las medidas epidemiológicas dispuestas. En dicha oportunidad nos fue informado de algunas situaciones particulares de niñas y niños que no accedían a los tratamientos de salud indicados en razón de estas mismas medidas sanitarias”, detalla el paper al que accedió PERFIL. En el mismo documento se solicitó que se tengan en cuenta criterios más flexibles en las políticas epidemiológicas, Se revea y se disminuya la alta presencia de fuerzas de seguridad tanto en la búsqueda y traslado, como en el cuidado de las niñas, niños y adolescentes alojados en los CAS y CAP y se extremen los cuidados respecto a pueblos indígenas.
El Gobierno convocó también a los funcionarios del gobierno de Formosa a estas reuniones para que puedan avanzar en una salida. Al mismo tiempo, las conversaciones telefónicas de Cafiero con Insfrán terminaron en una flexibilización de los protocolos de aislamiento. De todos modos, las denuncias de la oposición continúan con la presencia de diputados de Juntos por el Cambio en la provincia.
“Estamos en la escuela 87 del barrio República Argentina. Son las 21.30. Lo que hemos venido a ver es un lugar de detención. Hay gente con tres hisopados negativos y está detenida. Hay menores de edad y no puede haber menores sino que tienen que estar en su casa”, expresó el diputado Waldo Wolff y luego mostró el diálogo con el personal policial que custodia el establecimiento. El legislador viajó a Formosa junto con Mónica Frade y Sebastián Salvador, quienes integran las comisiones de Libertad de Expresión y Derechos Humanos del Congreso, para entrevistarse con quienes dijeron ser damnificados por la gestión sanitaria de Insfrán y las medidas restrictivas de aislamiento en el que está la provincia.
