Es abogado y trabaja en el PRO desde que arrancó en la Dirección de Juventud en la primera jefatura de Gobierno porteño de Mauricio Macri. Abogado de profesión – de familia de letrados además -, se transformó en un hombre de diálogo cotidiano con el ex presidente, con Marcos Peña y con Daniel “el Tano” Angelici, a la vez. Como legislador fue presidente de la comisión de Justicia y luego trabajó en las campañas para el Colegio Público de Abogados de la Capital. Hoy Francisco Quintana es vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y una de las voces opositoras que se alzó para criticar la reforma judicial que impulsa el Gobierno nacional. En una entrevista con PERFIL, abordará punto por punto la iniciativa y planteará sus serias dudas sobre la verdadera intencionalidad del proyecto.
Perfil: ¿Cuál es su mirada, en general, sobre la reforma judicial?
Francisco Quintana: Una primera impresión es que, sin dudas, la justicia tiene que ser repensada. En pleno siglo XXI no puede seguir funcionando un Poder Judicial con respuestas lentas, que no esté totalmente digitalizada y que no sea transparente. Dicho esto, no es el momento ni la forma de una reforma de la justicia. La mayoría de los argentinos tienen otras urgencias, básicamente si va a poder abrir su comercio, si sus familias pueden contagiarse el virus. En un contexto de tanta sensibilidad estar discutiendo una reforma judicial es un mal momento. Y tampoco es la forma: se atiende una parte nada más del problema. Se habla particularmente de Comodoro Py y no se discute una reforma más amplia. Después se elige un consejo consultivo que tiene una mayoría de juristas cercanos al oficialismo, incluso los abogados de Cristina Kirchner y Ricardo Echegaray. Además se elige empezar a discutirla en el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría propia. Por eso, creo que el oficialismo no tiene interés genuino en mejorar la justicia sino profundizar la dependencia del poder político al Poder Judicial. Probablemente, de la mano de esa dependencia, garantizar la impunidad de los ex funcionarios denunciados.
P: ¿Cree que deberían haberse convocado otros actores para el consejo consultivo?
FQ: Sí. Por ejemplo, no hay representantes de la sociedad civil, de las Cámaras nacionales, de las fuerzas políticas opositoras. Por eso, uno se pregunta por qué no se prestaron a primero debatir en Diputados. Además, la reforma tiene el objetivo principal de generar nuevos cargos que, sumados a los pliegos de designaciones retirados del Senado, totalizan más de 300 vacantes de jueces a disposición del Poder Ejecutivo.
P: ¿Considera que hay que sumar jueces a la Corte Suprema?
FQ: Hay que evitar caer en la tentación de modificar la Corte. Es una manera de condicionarla, independientemente de cómo construís la mayoría, la ampliación de la Corte se puede concretar con mayoría simple y el Gobierno cuenta con esos votos. La integración futura es una forma de tenerla de rehén (para designar un nuevo juez se necesitan dos tercios). Y nosotros necesitamos una Corte que funcione con independencia. Sobre todo cuando Alberto Fernández y Cristina Kirchner dijeron que no era necesario ampliar la Corte, antes de la campaña, y antes de ser presidente y vice. Coincidimos con la postura que tenían. Ahora bien, se tentaron para licuar el poder de la Corte justo cuando la Corte tiene que entender en causas que involucran a la propia vicepresidenta.
La Cámara del Crimen se opone a la reforma judicial de Alberto
P: ¿O sea que la modificación en la Corte usted cree que no es para darle mayor rapidez a los fallos sino para generar impunidad?
FQ: Probablemente sí. En el fondo con la ampliación de la Corte pretenden eso. Lo único que han hecho es dar señales confusas, confundir a la sociedad. La ministra de justicia (Marcela Losardo) ha planteado que quieren una Corte de cinco miembros el mismo día que (la senadora Anabel) Fernández Sagasti dice que quieren una Corte de 13 miembros con pluralidad de género. Me encantaría que en el debate interno del kirchnerismo gane la ministra de justicia y dejemos la Corte como está.
P: ¿No coincide en que hay que reformar el funcionamiento de Comodoro Py?
FQ: Una cosa es el diagnóstico y otra es la solución o el remedio para curar ese paciente. En el diagnóstico coincidimos: Comodoro Py se ha vuelto un fuero excesivamente influenciable por la política. Cuando pasó de 6 a 12 miembros durante el menemismo, a esa ampliación le debemos a Oyarbide y a Canicoba Corral. Nada indica que amplia Comodoro Py lo vuelva independiente. Probablemente se profundice esta situación con mayor estructura. Hasta ahora no vi ningún análisis sobre el presupuesto que implica, tampoco por qué se necesitan 12, 23 ó 50 jueces en el mismo fuero. Además, que haya un impacto presupuestario cuando estamos frente a una crisis económica de las peores de los últimos años… Los recursos deberían ir a quienes la pasan mal.
P: En Juntos por el Cambio calcularon más de $4000 millones
FQ: El impacto presupuestario tiene que ver con contemplar no solo el salario de los magistrados de todo el juzgado sino funcionarios y empleados, necesidades edilicias, pensar nuevos espacios, inmuebles, y todo lo que implica poner un juzgado de cero. Hoy en día en esta situación económica negativa estoy seguro que se le podría dar un mejor destino a ese dinero.
Punto por punto, en qué consiste la reforma judicial que impulsa el kirchnerismo
P: ¿La reforma del Consejo de la Magistratura es viable?
FQ: Sí, en la medida que la política tenga menos peso, que los magistrados puedan ejercer su función de manera más imparcial. La última ampliación del Consejo de la Magistratura se la debemos al kirchnerismo originalmente tenía 20 miembros, cuando pasó a tener 13 miembros fue a propuesta de Cristina Kirchner. Y, al bajar la cantidad de miembros, el peso de la política subió. Nada me hace pensar que el kirchnerismo quiera hacer otra cosa. Y sería una mala noticia.
P: ¿No hay muchos aspectos en la reforma que se retomaron del plan Justicia 2020 del Gobierno de Macri?
FQ: No tiene nada que ver, de hecho está desvirtuado: la implementación del sistema acusatorio la encabezó el gobierno de Mauricio Macri como la de ampliar las Cámaras a nivel provincial, en el interior del país. Esos dos puntos, de cierta semejanza, lo que no quiere decir que es una continuidad de nuestro proyecto. Para empezar porque, por ejemplo, el sistema acusatorio tiene sentido si tenés fiscales imparciales. Por eso para nosotros que quieran hacerle juicio político al Procurador Casal es una manera de condicionar a los fiscales.
P: ¿O sea que se opone a la reforma de la Procuración?
FQ: La implementación del sistema acusatorio debería ser una buena noticia si se hace de manera correcta. El tema es qué va a hacer el oficialismo con la Procuración y el procurador Casal. Si la idea es avanzar contra Casal e imponer a (el juez federal Daniel) Rafecas… Tiene que haber absoluta imparcialidad, por eso nos oponemos al juicio político a Casal como a considerar cualquier alternativa que no sea de probada idoneidad. Rafecas tuvo muchas posturas en algunas causas sensibles, no es perfil idóneo. Es lo que ha manifestado el interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado.
ES/MC
