El presidente Alberto Fernández encabezó este miércoles 29 de julio el acto en el que presentó el proyecto de ley de la reforma judicial que hace énfasis en el reordenamiento y en la ampliación de la justicia federal en todo el país con el fin de diluir el poder de Comodoro Py. Además, crea un Consejo Consultivo de juristas, transfiere la competencia penal a la Ciudad de Buenos Aires y fija una serie de "reglas de actuación" para los magistrados federales.
Otro de los puntos principales es la creación del fuero Federal Penal, con 23 nuevos tribunales. La iniciativa comenzará a ser debatida por el Senado para pasar luego, en caso de ser aprobada, a la Cámara de Diputados, y en ambos casos se espera un intenso debate debido al rechazo de la principal oposición de Juntos por el Cambio.
Justicia Federal Penal. Se fusionan los 12 juzgados penales federales con los 11 en lo penal económico y se duplican para llegar a 46 tribunales en el nuevo esquema de la Justicia Federal Penal, que estará ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Los juzgados ya existentes conservarán una de las dos secretarías que hoy tienen y la sobrante se asignará a uno de los nuevos juzgados.
Nuevos magistrados. Se aplicará un sistema de subrogancias para ocupar los nuevos juzgados con intervención de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.
Juicios en curso. El presidente aclaró que "la conformación de esta nueva estructura judicial, en nada afecta el principio del juez natural: la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando".
Nuevos juzgados, fiscalías y defensorías. El proyecto propondrá la unificación de las cámaras de apelaciones y la ampliación del sistema de justicia con la creación de nuevos tribunales orales, fiscalías y defensorías. Los concursos que realice el Consejo de la Magistratura para cubrir las nuevas vacantes se deberán realizar por prueba de oposición oral y pública, con todo el proceso registrado con imagen y sonido para su difusión. Se pretende adecuar la labor de los juzgados a la puesta en marcha del sistema acusatorio que estableció el nuevo Código Procesal Penal Federal.
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Transferencia de la competencia penal a la Ciudad. La iniciativa del Ejecutivo propone transferir a la Ciudad de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio y así completar la cesión de facultades penales aún pendiente.
Fusión de fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo. Para evitar los conflictos de competencia que demoran los trámites judiciales, el proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso prevé la fusión del fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo.
Fortalecimiento de la justicia en todo el país. El plan para fortalecer la justicia federal en todo el país tomó la iniciativa presentada por el gobierno de Mauricio Macri, en el marco del programa "Justicia 2020", considerando los 114 proyectos de ley que proponían la creación de juzgados federales desde el año 2008. Junto a los nuevos juzgados federales, en paralelo, el Gobierno impulsará la implementación gradual en todo el territorio del Código Procesal Penal Federal.
Consejo Consultivo. La propuesta de ley crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, integrado por once juristas de diversos campos del derecho para, en palabras del presidente, "repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público" y hacer propuestas.
Pautas para jueces. El Poder Ejecutivo girará al Congreso para su discusión, la siguientes pautas de actuación para los jueces federales:
- Mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados.
- Evitar comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de cualquiera de las partes.
- Garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario.
- Ejercer sus funciones libres de interferencias.
- Comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo.
- Evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones, y en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias.
- Evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir ni permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición especial para influenciar.
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En qué consiste el Consejo Consultivo destinado a "repensar el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público"
- Comenzará a funcionar el día 18 de agosto de 2020 y deberá cumplir las funciones encomendadas por el decreto, dentro del plazo de 90 días.
- Los integrantes del Consejo desarrollarán su tarea ad honorem y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos atenderá los gastos necesarios de traslado, movilidad y hospedaje de sus integrantes, en caso de resultar necesario.
- Deberán elevar al Poder Ejecutivo un dictamen con las propuestas y recomendaciones sobre distintos ejes, como los problemas que se observan para el correcto funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Consejo de la Magistratura de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, ambos de la Nación.
- Respecto de la Corte Suprema, realizará un análisis de su funcionamiento que incluirá el establecimiento para la selección de integrantes, de criterios de diversidad de género y representación federal, entre otros.
- Sobre el Consejo de la Magistratura, se realizará un análisis sobre su funcionamiento que incluirá la conveniencia, o no, de modificar la estructura y composición del cuerpo y armonizar su funcionamiento con el de la Corte Suprema.
- En lo que hace al Ministerio Público, la Comisión hará un análisis sobre su funcionamiento que incluirá la conveniencia, o no, de modificar el actual régimen legal de designación de sus titulares y la posibilidad de que sus mandatos sean temporarios.
- Respecto del sistema de juicios por jurados, se hará un análisis sobre los criterios para dar cumplimiento de la manera más eficaz al mandato constitucional.
- La Comisión analizará y evaluará el modo de finalizar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- El dictamen que el Consejo Consultivo efectúe será adoptado por mayoría de la totalidad de sus miembros e incluirá, en su caso, las disidencias y recomendaciones que cada integrante desee dejar planteadas.
ED / DS
