La tan anunciada reforma judicial que Alberto Fernández mencionó por primera vez el 10 de diciembre, cuando asumió el poder, será finalmente presentada a comienzos de esta semana.
Al menos ese parece ser el último plan del Poder Ejecutivo, luego de que se mencionara que se iba a presentar días atrás. La reforma apunta, fundamentalmente, al fuero federal, que concentra el poder de investigar a funcionarios o ex funcionarios por hechos de corrupción.
Pero desde mayo de este año también entró en escena, en el discurso oficial, la introducción de cambios en la Corte Suprema, un hecho de fuerte impacto político.
Para eso, se espera, junto al anuncio de la reforma, la presentación del Consejo Asesor que dará su opinión, en el lapso de sesenta días, sobre los cambios que deberían introducirse tanto en la Corte como en el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal.
En lo que a la reforma judicial se refiere, todo indica que a los doce juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py se sumarían los once juzgados en lo Penal Económico, ubicados en su mayoría sobre Avenida de los Inmigrantes, detrás de los famosos tribunales de Retiro.
De esos veintitrés despachos se sacaría una secretaría de cada uno y se crearían así otros veintitrés más. Se concretaría así la posibilidad de “licuar” el poder de los federales de Comodoro Py, una voluntad política que Gustavo Béliz, hoy secretario de Asuntos Estratégicos, manifestó hace 16 años.
El Consejo volverá a debatir la próxima semana el traslado de jueces
La ampliación del fuero también abre un escenario con nuevas vacantes a cubrir, algo que ya despierta dudas. Esas plazas se sumarían a las que dejó la serie de renuncias producidas por los cambios en las condiciones jubilatorias, en febrero pasado, y también a las que podrían abrirse si se revierten traslados producidos durante el macrismo.
La reforma también contemplaría, entre otros puntos, la creación de veintitrés fiscalías federales nuevas y el mismo número de defensorías federales, cargos que se cubren directamente desde la Procuración General y la Defensoría General de la Nación.
La Procuración tendrá un rol clave porque en el marco de la reforma judicial, ya que uno de los pilares que ocupará un lugar central es la introducción del sistema acusatorio, que ya se está realizando desde el año pasado en el norte del país, con excelentes resultados.
Para ese lugar, el presidente, Alberto Fernández, propuso -aunque todavía no fue tratado- al juez federal Daniel Rafecas.
En ese sistema, el rol de los fiscales es preponderante, llevando adelante las investigaciones. En tanto que otro de los puntos que incluiría el proyecto de la reforma es el traspaso de la competencia ordinaria a Ciudad.
Por otro lado, el punto que más concentra las miradas por estas horas es lo que tiene que ver con la introducción de cambios en la Corte Suprema. Quienes leen el escenario político no tienen dudas: la introducción de planteos sobre el funcionamiento y número de miembros del máximo tribunal se manifestó por primera vez en el discurso oficial en mayo pasado. Fue después de que la Corte rechazara por unanimidad un pedido presentado por Cristina Fernández de Kirchner respecto de la validez de reuniones virtuales en la Cámara alta. “En Twitter CFK lo festejó como una victoria, pero la lectura ineludible era que la Corte le dijo que no y eso encendió las alertas”, coincidieron ante PERFIL distintas fuentes de la política y la justicia. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales, CFK tiene una serie de planteos vinculados a la causa de Obra Pública, la primera que la llevó al banquillo de los acusados.
CD/MC
