La Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial, espera modificar su dinámica en 2020. Los ministros analizan una acordada que limite la cantidad de expedientes que podrán llegar al máximo tribunal. En 2019, dictaron 7.246 sentencias, informaron a este medio. Equivale a cuatro veces más con respecto a las resoluciones de 2018. En cuanto a su agenda, la Corte mira atenta las negociaciones entre el gobierno nacional y los gobernadores. Espera que los acuerdos políticos le ahorren varios frentes pendientes en el máximo tribunal, como la disputa por impuestos o el fondo sojero.
Las preocupaciones de los jueces de los distintos fueros a finales de 2019 estaban centradas en cómo les impactarán los cambios en las jubilaciones denominadas "de privilegio", y en el fuero penal, en particular, en la reforma judicial que anunció el presidente Alberto Fernández en su discurso de asunción en el Congreso.
Magistrados de distintos fueros comenzaron a pensar en retirarse antes de lo previsto para evitar una modificación en su régimen jubilatorio, según pudo reconstruir PERFIL en los últimos días.
Factor Cristina. En cuanto a la reforma del sistema judicial, las opciones siguen girando en torno a las mismas hipótesis, algunas más realistas que otras, desde las perspectivas de los magistrados, quienes en su mayoría creen que la posición de la vicepresidenta Cristina Kirchner será central a la hora de tomar la decisión en el Ejecutivo.
Tanto miembros del Ejecutivo como de la Corte Suprema que dialogaron con PERFIL llegan a la misma conclusión: el camino más viable para modificar el esquema de poder en la Justicia Federal es adelantar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en la Capital Federal –previsto para dentro de varios años– y que las investigaciones de los casos de presunta corrupción queden en manos de los fiscales y no de los jueces federales.
Para hacerlo posible, el Ejecutivo y la Justicia necesitan fondos millonarios que garanticen desde nuevas estructuras edilicias hasta la dotación de recursos humanos y materiales.
Aún así, se barajan otras opciones, como la fusión entre el fuero Penal Federal porteño y el fuero Penal Económico (lo que permitiría además al Ejecutivo completar varias vacantes en juzgados clave); la fusión entre el fuero de Capital y los juzgados del conurbano bonaerense; o la más ambiciosa, y para algunos actores, “impracticable”, de fusionar los juzgados federales con los ordinarios. Estas son las opciones que escucharon algunos de los jueces que participaron de conversaciones informales con miembros del Ejecutivo, confiaron fuentes judiciales.
La propuesta final deberá pasar por el Congreso de la Nación.
