La polémica desatada por la última declaración jurada del presidente Mauricio Macri, que incluye $18 millones en Bahamas, tuvo consecuencias políticas concretas. En particular, afectó al proyecto de ley sobre el blanqueo de capitales que impulsa el gobierno nacional en el Congreso.
El texto de la propuesta fue modificado para excluir a funcionarios y del Estado: aquellos que ocupen cargos desde 2011 al frente de la función pública, no podrán acceder al programa, según informaron fuentes oficiales.
La medida alcanza a aquellos que hayan ocupado desde 2011 cargos de presidente, ministros, secretarios, subsecretarios, directores nacionales y encargados de los entes reguladores, según informó hoy La Nación.
Así, se cumple con lo pedido por la Junta Nacional de la Coalición Cívica ARI, la cual afirmó que "los funcionarios de los tres poderes del Estado y de todos los niveles de administración, así como los contratistas y concesionarios del Estado y las personas imputadas en delitos contra la administración pública, deben quedar excluidas del beneficio de la Ley de Blanqueo propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional ya que constituiría un acuerdo de impunidad".
"Esta decisión de la Junta Nacional de la CC ARI, cuya Secretaria General es Maricel Etchecoin Moro, contiene la postura histórica del partido liderado por Elisa Carrió y es de carácter innegociable, ya que de hacerse constituiría una clara violación al tratado anticorrupción y un escándalo moral para el país", agregan.
