El Gobierno sigue profundizando sus avances con la Ley de Extinción de Dominio tras el polémico decreto de Mauricio Macri. Ahora, buscan subastar los bienes expropiados de la corrupción y el narcotráfico de forma express para evitar su deterioro y los gastos innecesarios por el costo de almacenamiento.
Así lo consignó la periodista Maia Jastreblansky en el diario La Nación, donde añadió que también estudian la creación de un “fondo de garantía” para el caso de que sus propietarios sean sobreseídos en la causa penal.
“Queremos trabajar con reglas claras y que la administración de los bienes no sea un despropósito. Estamos trabajando en una reglamentación de subasta inmediata para mantener el valor de los activos que se vayan a expropiar y evitar su ruina”, señaló el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, a La Nación. En ese sentido, añadió que otra de las causas es evitar los gastos innecesarios por los depósitos y la custodia de los mismos.
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Además, consultado sobre qué harán con los bienes si sus dueños originales son sobreseídos en la causa penal, desde la AABE explicaron que estudian la creación de un “fondo de garantía” encargado de resguardar un porcentaje de los fondos producto de cada subasta, de forma de poder a hacer frente a eventuales reintegros.
Según el medio, en el Gobierno estudian los modelos de Colombia, México e Italia, que se hizo de los activos del Mani Pulite. El concepto de "subasta inmediata" proviene del ejemplo colombiano.
Mientras el Gobierno prepara un decreto reglamentario de la extinción de dominio, la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, estudia las causas de corrupción contra el kirchnerismo en las que interviene, donde hay bienes cautelados, para dar el primer paso cuando termine la feria judicial, tal como lo había anunciado días atrás.
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"Es importante una subasta que no demore más de 30 o 60 días. Y que el dinero tenga un destino útil para el Estado, como una obra pública o un fin social", confirmó Alonso a La Nación.
Hasta ahora, los bienes decomisados en casos de corrupción y narcotráfico quedaban bajo la cautela de la Corte Suprema. Solo en casos puntuales, la Justicia los destinó al Poder Ejecutivo, en particular al Ministerio de Seguridad.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo le envió ayer a la Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo el DNU de extinción de dominio, para que el titular de la comisión, el kirchnerista Marcos Cleri, defina cuándo se reunirán a tratarlo.
En paralelo, en la Casa Rosada evalúan si finalmente llaman, o no, a sesiones extraordinarias en febrero para tratar los proyectos de seguridad y Justicia que habían sido anunciados.
ED/FeL
