“Ya vas a ver afuera, te va a agarrar la barrabrava y te va a partir la cabeza”. Estas fueron las palabras que lanzó en la medianoche del jueves el legislador Roberto Quattromano, del PRO, a Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda (FIT), mientras se trataba en el Palacio de la Legislatura la renovación de la concesión de un campo de golf en Lugano. Así lo afirman Ramal y varios legisladores que se encontraban alrededor suyo, que denunciaron las amenazas, antes de que se levantara la última sesión ordinaria del año de la Legislatura porteña. Ramal realizó una denuncia penal en la Comisaría 2° de esta capital.
“Mientras yo expresaba mi rechazo a la reconcesión de un espacio público verde para la realización de negociados, Quattromano me interrumpía a los gritos –cuenta Ramal a PERFIL–. En un momento se acercó a mi banca y haciendo como que llamaba por celular profirió esa amenaza, que escucharon Gustavo Vera, Pablo Vergel, Virginia González Gass y María Eugenia Estenssoro. Lo denuncié y pedí una cuestión de privilegio, que fue votada en contra por el PRO. Entonces Quattromano seguía haciendo gestos desde su banca. Luego se fue del recinto, y el legislador Helio Rebot me pidió disculpas, pero habían rechazado la cuestión de privilegio. Fue la culminación de una sesión hostil, por la que responsabilizo a Cristian Ritondo”.
Ritondo, vicepresidente de la cámara, responde: “Ramal intentó boicotear la sesión todo el tiempo y están tratando de usar un episodio en su beneficio político”. Quattromano, legislador de Mataderos, pertenece al núcleo más cercano de Ritondo: “Veníamos de doce horas de sesión, Quattromano había sido padre la noche anterior y nuestro bloque le dijo a Ramal que pedía disculpas si había sucedido algo inconveniente. En las imágenes de video no se ve lo que Ramal dice que sucedió. Quattromano no amenazaría de esa manera. El tema pasa a la junta ética de la Legislatura y también lo resolverá la Justicia, mientras el método de Ramal es el boicot a la Legislatura”.
El diputado Gustavo Vera, realizó una denuncia penal contra la funcionaria Silvia Imas, quien otorgó un permiso de funcionamiento al Golf Club José Jurado luego de que cayera la concesión en 2012. “Son 47 hectáreas en un parque verde por el que la concesionaria paga 180 mil pesos por año, una ganga –continúa Vera–. Es ilegal porque no está permitido construir en urbanizaciones verdes, pero la empresa construyó una confitería, un local de insumos de golf y un estacionamiento, todos subalquilados, que totalizan 1.700 metros cuadrados. La reconcesión no sólo preserva la usurpación, sino que también avala un delito”.
Para ser socio del Golf Club José Jurado hay que pagar un ingreso de 8.400 pesos (una promoción, ya que habitualmente cobran 12 mil pesos), ser recomendado por otros tres socios y abonar una cuota de 1.820 pesos por mes.
La renovación de la concesión de ese espacio verde, que fuera otorgado en 1991 bajo el mandato de Carlos Grosso a la empresa que lo regentea, será tratada, luego de la escandalosa sesión interrumpida, el próximo jueves, la última sesión del año. El proyecto promete aún más polémica.
