El 27 de abril pasado la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar una recusación contra Bonadio que había planteado la defensa de Romina Mercado, hija de la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, sobrina de la Presidenta y directora de Hotesur. Los camaristas determinaron que el juez federal Claudio Bonadio puede seguir investigando si existen irregularidades en la empresa Hotesur SA, que gerencia los hoteles de la presidenta Cristina Fernández y su familia. Sin embargo, una nueva embestida judicial se encamina hacia el magistrado.
Es que los abogados de Osvaldo Sanfelice, socio de la familia presidencial en diferentes negocios, pidieron que la investigación sea entregada a la justicia federal de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, según consignó el portal de noticias Infobae.
Sanfelice, según fuentes judiciales, solicitó que el expediente sea enviado a la Justicia de Santa Cruz porque -según su presentación- el hotel Alto Calafate queda en la localidad santacruceña de El Calafate. Además, el expediente remarca que "las sociedades bajo investigación Hotesur, Valle Mitre e Idea S.A tiene domicilio fiscal en Río Gallegos"; "que las empresas de Báez tienen domicilio en Santa Cruz y allí fue su desarrollo económico"; "que la mayoría de las personas investigadas tienen domicilio en Santa Cruz"; y que "la documentación necesaria para la investigación se hallan en Santa Cruz".
Bonadio ahora deberá resolver el pedido en una consulta con el resto de las partes. En caso de una resolución negativa, deberá intervenir la Sala I de la Cámara Federal porteña.
El apartamiento de Bonadio había sido reclamado desde el Gobierno nacional hasta por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien llegó a declarar que "estaría demostrada" la presunta "parcialidad" del magistrado en la causa.
Ficha del hotel Hotesur y su causa. Hotesur SA es la sociedad que la propia Presidenta mencionó en sus declaraciones juradas como la encargada de administrar algunos de los hoteles que ella posee, entre los que figura Alto Calafate, y la investigación comenzó con una denuncia que hizo Stolbizer por supuestas irregularidades de la firma ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Alto Calafate fue contratada por Austral Construcciones, empresa del ultrakirchnerista Lázaro Báez, para ocupar habitaciones que nunca fueron utilizadas, por lo que se sospecha que pudo haber lavado de dinero.
