El primer piso de los tribunales de Retiro ya no es el más solemne del edificio. En la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, las relaciones entre los jueces está atravesada por el Gobierno, el futuro penal de la Presidenta, las ambiciones cruzadas de algunos magistrados y la llegada de jueces que piensan distinto y no se callan la boca. La tensión es tan fuerte que comenzó a llegar a oídos de los periodistas.
Los jueces de la Casación deberán decidir este año el destino de expedientes clave, que se les queman en las manos y que son esenciales para el Gobierno. Tienen que determinar si el memorándum con Irán es o no constitucional; si la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta debe investigarse; si el ministro Julio De Vido debe ser investigado por enriquecimiento ilícito; y si el juez federal Claudio Bonadio debe seguir al frente de la principal causa contra Cristina Kirchner: Hotesur. Esta última decisión es inminente.
No es todo. El futuro de Ricardo Jaime también está en sus manos. Si la Casación decide que debe ser juzgado por dádivas, el ex funcionario podría quedar detenido. Sería su segunda condena y el primer funcionario K tras las rejas. También deben confirmar o no su procesamiento por enriquecimiento ilícito. Deben fallar sobre la absolución de todos los acusados en la causa de sobornos del Senado (pueden dar vuelta el resultado); tienen que ver si confirman la condena contra el sindicalista José Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra; y si confirman los procesamientos de Amado Boudou y compañía en el caso Ciccone.
La jueza Sandra Arroyo Salgado y la ex SIDE estarán pendientes de ellos: tienen que confirmar o no los procesamientos por el espionaje de mails a funcionarios y espías.
El alto voltaje político de estas causas desató una tensión inusitada en la Casación, que demuestra como el Gobierno negocia con algunos jueces el destino de los expedientes.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, tuvo que intervenir para bajar la tensión y pidió a algunos jueces que no se enfrenten abiertamente, confirmó uno de los magistrados. Se acusan entre ellos de negociar con el Gobierno y de hacer “negocios”. Se envían escritos pidiéndose explicaciones, sospechan que algunos de sus colegas utilizan las causas para negociar cargos en la Corte o en el próximo gobierno. Mauricio Macri también depende de los camaristas de Casación porque su causa por las escuchas ilegales llegó al tribunal.
Lo que reina entre los camaristas es la desconfianza mutua. La presidenta de la Casación, Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Luis Cabral están en la mira de algunos colegas porque intervienen en varias de estas causas sensibles. En las últimas semanas su sala se quedó con las tres más sensibles: Nisman, memorándum y Hotesur. Las conversaciones telefónicas de Figueroa con Zannini no pasan desapercibidas entre los finos muros del tribunal.
