La Corte Suprema y el Gobierno atraviesan un nuevo tramo de tensión desde que Néstor Kirchner renovó a sus integrantes. Además de varios fallos adversos para el oficialismo, el máximo tribunal resolvió voltearle al Ejecutivo la lista de conjueces, adelantándose a una posible modificación de la cantidad de miembros del cuerpo institucional. Además, anticipó la re-reelección de Ricardo Lorenzetti para un mandato que entrará en vigencia recién el año que viene.
El Gobierno respondió con dureza, Aníbal Fernández, jefe de Gabinete, amenazó con presentar un recurso para que Lorenzetti abandone el cargo. “Condiciona al próximo gobierno”, disparó el funcionario.
Pero hay más artillería que prepara la Corte. Los ministros del alto tribunal quieren declarar inconstitucional la designación de Laureano Durand al frente del juzgado federal Nº1 de La Plata, que tiene competencia electoral. Esa resolución dejaría vacante el cargo. Por las dudas, el Ejecutivo se adelantó y elevó la designación de Jorge Di Lorenzo al frente del juzgado federal Nº3 de la capital provincial, que subroga al Nº1 en caso de que haya vacante.
Lorenzetti está enfrascado en una pelea con La Cámpora por el control del Consejo de la Magistratura –que selecciona y destituye magistrados– porque le recortaron los gastos y modificaron el reglamento para la contratación de empleados de la Corte Suprema.
Ante la declaración de inconstitucionalidad de la lista de conjueces, la ley indica que las nuevas postulaciones deben surgir de los presidentes de las cámaras federales, algunos de ellos alineados con el Gobierno, como la titular de Casación, Ana María Figueroa. Figueroa es quien votaría en contra del juez federal Claudio Bonadio para quitarle la causa Hotesur, que involucra a la presidenta Cristina Kirchner.
Pero en el Gobierno, además, hay duras críticas hacia Lorenzetti. “Se maneja como un príncipe”, sostuvo a PERFIL un importante funcionario. Y agregó que el ministro de la Corte quiere evitar que se ocupe la vacante de Raúl Zaffaroni porque tiene temor de que alguien con “espaldas” pueda manejar los hilos del tribunal, que hoy controla él.
La Corte de Lorenzetti abrió la puerta este mes para que se imponga la doctrina de la cosa juzgada írrita, que contempla la reapertura de causas por sobreseimientos mal hechos. En esa lista entraría la causa de enriquecimiento ilícito de la familia presidencial: el juez federal Norberto Oyarbide los sobreseyó en tiempo récord.
Pero también, esta Corte llamó a concurso para la conformación del cuerpo de peritos anticorrupción, algo que no cayó nada bien en el Gobierno nacional. Y tiene pendientes de resolución expedientes tributarios que complicarían las arcas oficiales, como las deudas que reclaman las provincias a la Nación, o los pedidos a la Anses para que actualice jubilaciones.
