La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue imputada por supuesta malversación y fraude con los fondos públicos que iban a ir destinados a la construcción de un tren turístico en la localidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.
El fiscal federal Carlos Stornelli requirió que se investigue a la ex mandataria, así como a los otros dos imputados, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, según informó la agencia DyN.
Según anticipó el diario PERFIL, el exministro de Planificación Julio De Vido usó a la Universidad Tecnológica Nacional para desviar fondos sin control. El sistema montado fue un ejemplo de cómo corría el flujo de dinero destinado a obras durante el kirchnerismo: "se utilizaba a la UTN para pagar a proveedores de forma directa y bajo la discrecionalidad de De Vido y sus funcionarios".
El requerimiento del funcionario del Ministerio Público fue elevado al juzgado federal 9, del magistrado Luis Rodríguez. El informe oficial "El estado del Estado" que el Gobierno nacional presentó en junio último en la Casa Rosada sacó a relucir algunos datos de la llamada "herencia" recibida del kirchnerismo. Allí se detalló que en Río Turbio, localidad santacruceña que vive agitada desde hace dos décadas por situaciones de crisis en la explotación del yacimiento carbonífero local, se iba a construir un tren turístico que circulara por la ciudad y llegara hasta la mina de carbón.
Aunque en octubre de 2015 hubo una inauguración formal del emprendimiento, con la presentación de dos locomotoras a vapor y cuatro vagones restauradas a su estado original en 1951, nunca más se avanzó hacia la concreción del proyecto. La denuncia original, hecha por el abogado Santiago Dupuy de Lome, consignó que "se destinó la suma de 700 millones de pesos para un tren que nunca funcionó, tiene las vías desgastadas y no son aptas para ningún paso de formación ferroviaria".
El denunciante había planteado que se debía investigar si la ex jefa de Estado, su cuñada y el exministro de Planificación incurrieron en los delitos de "malversación de caudales públicos", "incumplimiento de los deberes de funcionario público", y "defraudación por administración fraudulenta". Y recalcó que para el proyecto ferroviario ni siquiera "se obtuvo el permiso de los dueños de las tierras" por donde iba a pasar la formación así como tampoco se consiguió "el permiso de vialidad nacional" para el cruce sobre la ruta 3.
