El fiscal Jorge Di Lello resolvió imputar al juez federal Claudio Bonadio y al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, por diversos hechos ligados con la operatoria dólar futuro.
El fiscal requirió al juez Sergio Torres impulsar la investigación contra el magistrado y el funcionario del gobierno. Di Lello pidió la lista completa de las personas que compraron futuros "entre el 15/10/2015 y 9/12/2015". La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió ser querellante en este caso, algo que también quedará bajo resolución del juez federal.
De hecho, entre las medidas que le propuso Di Lello al juez Sergio Torres está el llamado como testigo a Cristina Fernández y al ex ministro de Economía Axel Kicillof (ambos imputados en la causa de Bonadio y cuya situación procesal debe resolverse), así como a funcionarios del Gobierno, entre ellos el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay (cuyo testimonio fue clave en la causa contra la ex jefe de Estado).
También propuso que a la causa se adjunte una copia del debate que protagonizaron durante la campaña electoral ante el ballotage en la Facultad de Derecho los candidatos Mauricio Macri (hoy Presidente) y Daniel Scioli (postulante por el FpV), según el escrito al que accedió DyN. Y solicitó informes a la Cámara de Diputados sobre las leyes de presupuesto de los años 2015 y 2016 y que se cite a declaración testimonial a Cristina Fernández, a Kicillof, a Prat Gay y Peña, a los economistas Aldo Pignanelli, Roberto Lavagna y Juan Carlos De Pablo; a los diputados Federico Pinedo y Mario Negri (responsables de la denuncia por dólar futuro que tiene Bonadio) y a los periodistas Roberto Navarro y Jorge Asís, entre otros.
El origen. El bloque de diputados del FpV precisó en su denuncia que Sturzenegger podría haber incurrido en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Bonadio fue acusado, en tanto, de prevaricato, “al dictar resoluciones contrarias a la ley y fundadas en hechos falsos”.
Para los legisladores hubo “administración infiel” en perjuicio de la administración pública porque se modificaron las condiciones en que fueron rubricados los contratos.
