La intendenta del municipio bonaerense de Quilmes, Mayra Mendoza, fue imputada por el fiscal Ramiro González, en el marco del presunto desvío irregular de fondos desde su municipio a diversas cooperativas por un total de $535 millones.
Las irregularidades sobre las que el fiscal pidió investigar tienen que ver con contratos millonarios a cooperativas que estaban vinculadas a diversos funcionarios de Quilmes.
De esta manera, no sólo apuntaron a la dirigente de La Cámpora, sino también al ex subsecretario de Hábitat de Quilmes, Sebastián Raspa, que estaría vinculado a la Cooperativa La Estrella y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda. Asimismo, imputaron también Martín Bordalejo, un abogado y ex funcionario de Quilmes que sería titular de sociedades y cuentas offshore; José Alejandro Scozzari (socio de Raspa y Bordalejo en una firma offshore), Romina Cangelosi (empleada municipal), Alejandro Gandulfo (jefe de gabinete municipal) y Cecilia Soler (secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Quilmes).
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“Ello, no obsta a que con el devenir de la investigación se logre identificar a otros sujetos que participen en el hecho denunciado”, advirtió el fiscal González.
Las cooperativas que la fiscalía pidió analizar son la Federación de Cooperativas de Trabajo 1º de Mayo LTDA; la Cooperativa de Trabajo La Estrella LTDA; Cooperativa de Trabajo para el futuro LTDA; Cooperativa de Trabajo Progreso LTDA; Cooperativa de Trabajo Hasta la Victoria Siempre I LTDA; Cooperativa de Trabajo Rubén Rodríguez LTDA; Cooperativa de Trabajo Barrio Unido LTDA; Cooperativa de Trabajo La Unión de Azul LTDA; y Cooperativa de Trabajo Imprenta 19 de Febrero LTDA.
El fiscal González pidió al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) recabar sobre todos los fondos que recibieron esas cooperativas, además de relevar si hay similitudes en “patrones comunes tales como domicilios, correos electrónicos, personas responsables, etc”.
El disparador de esta investigación que ahora recayó en el juzgado de Ariel Lijo es que parte de estos fondos podrían haber terminado en una sociedad offshore en Miami, por lo que también se pidieron exhortos internacionales en Miami para averiguar información de las cuentas offshore de Sebastián Raspa, uno de los beneficiarios de estos millonarios contratos a través de sus cooperativas.
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Según la denuncia que presentó el abogado Santiago Dupuy de Lomé, “las siete cooperativas de Raspa han obtenido una gran cantidad de contratos a raíz de su amistad con Mendoza que a sabiendas de eso le autorizó los contratos descuidando los fondos públicos que debe administrar”, manifestando que tales fondos no sólo eran direccionados hacia las referidas offshore, sino que también eran “para hacer caja para su agrupación política La Cámpora”.
La denuncia añadió que “la gente que prestaría funciones haciendo los trabajos que le son conferidos a Raspa recibían planes sociales otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sin concedérsele remuneración alguna”, motivo por el cual “todos los fondos públicos van a parar a las arcas personales de Raspa y los demás con la venia de la intendente Mendoza y sus funcionarios”.
Otra de las medidas solicitadas por el fiscal al juez Lijo es un pedido de información al municipio de Quilmes para recibir la documentación relacionada con los contratos adjudicados a las cooperativas, y pedidos de información a la Inspección General de Justicia y a organismos de control para rastrear información sobre empresas que estarían relacionadas con los imputados.
Asimismo, también pidió levantar el secreto bancario al Banco Central y el secreto fiscal a la AFIP para acceder a los datos de estas cooperativas en cuestión.
JD / cp
