El anuncio de ayer, por parte del presidente Alberto Fernández, del envío del proyecto de reforma judicial la próxima semana generó inquietudes pero sin embargo no causó demasiada sorpresa en los tribunales de Comodoro Py, donde está alojado el fuero federal. En especial, porque llegó tres meses después del primer anuncio de Fernández sobre el tema, el día de su asunción como presidente. Era el 10 de diciembre y en el Congreso, aseguró con vehemencia que “en los próximos días” enviaría al Parlamento “un conjunto de leyes que consagran una integral reforma del sistema de Justicia”.
Desde entonces hubo trascendidos sobre lo que la reforma podía incluir, sobre quiénes estaban detrás y también dudas sobre qué efectivamente fuera a llegar. En especial, cuando los días se convirtieron en casi tres meses. La idea de tratar la reforma en las sesiones extraordinarias de enero y febrero también naufragó.
Pero si algo pareció atenuar el efecto sorpresa en tribunales fue tanto la falta de precisiones sobre la reforma, así como que la confirmación del envío llegó menos de 24 horas después del tratamiento en Diputados de los cambios en el sistema de las jubilaciones de privilegio para magistrados y diplomáticos. Ese proyecto de ley sí sorprendió, y de forma total, a los magistrados, por lo que, por estas horas, resultó difícil generar más sorpresa.
Alberto enviará el proyecto de reforma y tensa más la relación con la Justicia
“Es un proyecto de reforma que trata de poner orden en el funcionamiento de la Justicia que le corresponde al Estado nacional, que es la Justicia Federal”, sostuvo Fernández sobre los cambios que se avecinan en la Justicia.
En los tribunales federales consideran que la línea de la reforma irá fundamentalmente a “licuar” el poder de los jueces de Comodoro Py. Así como en la aceleración en la introducción del sistema acusatorio –que dota de mayor poder a los fiscales en las investigaciones– y ya se implementa en Salta y Jujuy.
Los jueces federales son quienes investigan las principales causas de corrupción de los funcionarios y en los últimos años tomaron más protagonismo que nunca. Los múltiples procesamientos contra la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner dan cuenta de ello. Reducir el poder de estos fue también unos de los objetivos del macrismo, pero quedó trunco a poco de empezar.
Los jueces federales son quienes investigan las principales causas de corrupción de los funcionarios y en los últimos años tomaron más protagonismo que nunca
En cuanto a los nombres detrás de la reforma todos ubican fundamentalmente a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, álter ego de Fernández, y Gustavo Beliz, encargado de Asuntos Estratégicos, quien ya en 2003, cuando era ministro de Justicia y Seguridad, buscó tanto reducir el poder de los jueces como el cortar los vínculos de estos con los servicios de inteligencia.
El dato no es menor, y Fernández ya dio muestras de sus intenciones en ese sentido. Fue, pocos días después de asumir, interviniendo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
