Alberto Fernández decidió acelerar. En el cierre de una semana convulsionada por la media sanción de la ley que modifica las jubilaciones de privilegio de jueces y fiscales y su consecuente enfrentamiento con parte de la corporación judicial, el Presidente salió ayer a marcar la cancha en uno de los frentes donde ya empezó a insertar el bisturí, y promete profundizarlo durante su mandato.
Mientras termina de delinear el discurso que dará mañana en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Fernández anticipó que la semana próxima enviará el proyecto de reforma judicial, que empezaron a zurcir puntillosamente Gustavo Beliz (el poderoso secretario de Asuntos Estratégicos) y Marcela Losardo (ministra de Justicia), dos de sus funcionarios de máxima confianza.
Aunque aguardan el contenido del proyecto que el Ejecutivo enviará al Parlamento para su tratamiento, hay mucha inquietud en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py. También en la Corte Suprema, luego de que Fernández se refiriera ayer a un tema al que ya había apuntado Elisa Carrió cuando gobernaba Cambiemos y que era una de las obsesiones de Ricardo Lorenzetti: la caja de la Corte Suprema.
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Ejes. En su discurso del 10 de diciembre, Fernández había adelantado que venía estudiando el tema de la reforma “desde hace años” con su socia Losardo, y hasta anticipó una “revisión seria y definitiva para que la Justicia funcione”. Ayer, en Radio 10, fue más allá sobre el proyecto de reforma. “Trata de poner orden en el funcionamiento de la Justicia que le corresponde al Estado nacional, que es la Justicia federal. También qué hacemos con los tribunales ordinarios de la Ciudad; hay que traspasar ciertas jurisdicciones que vienen demoradas”.
Mientras se aguardan mayores definiciones, el proyecto contendrá dos ejes. Uno constituye una de las obsesiones de Alberto, y también de su vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien sufrió en los cuatro años de macrismo el poder de la Justicia federal. Y tiene que ver con diluir la influencia de los jueces federales porteños, que tienen en sus manos la mayoría de las causas de corrupción.
La idea de Fernández es sumar a Comodoro Py otros fueros. Una opción es fusionarlo con el penal económico. También está en estudio que la Justicia penal ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires pase a la órbita federal. Y hasta podrían sumarse otros juzgados federales, del Conurbano y hasta de Santa Fe. Cualquiera de estas medidas implicaría que las causas, en lugar de sortearse en 12 juzgados como hasta ahora, puedan recaer en más de cincuenta. También los tribunales que revisan esas condenas se multiplicarían.
Quiero jueces independientes, quiero jueces dignos, probos, dijo Alberto
“Quiero jueces independientes, quiero jueces dignos, probos. Creo que una inmensa mayoría son así. No se trata de meter a todos en la misma bolsa”, dijo ayer el Presidente.
Otro de los puntales del proyecto tiene que ver con acelerar la implementación del sistema acusatorio. En esencia, dispone que la instrucción de las causas quede en manos de los fiscales, lo que les resta poder a los magistrados. Por ahora, el sistema comenzó a aplicarse en Salta y Jujuy, y está previsto que llegue a los tribunales de Comodoro Py recién en 2025.
Para acelerar este sistema, sin embargo, es necesario una partida presupuestaria que en el Poder Judicial ven por ahora inalcanzable en tiempos de crisis. “Habría que construir edificios, contratar cientos de puestos de trabajo, implementar sistemas informáticos, entre muchas otras variables presupuestarias”, ejemplifican en los tribunales. Además de mucho dinero, implementar el sistema acusatorio requiere también de tiempo. Tal vez por ello las declaraciones de ayer de Fernández sobre la administración de los fondos del Poder Judicial, que están en manos de la Corte, traigan algún capítulo en las negociaciones que se vienen. “La Justicia se aleja de la realidad en términos económicos: cuando uno va a un juzgado ve cómo están sobrepasados, y que alguien me explique cómo puede ser que la Corte Suprema tenga plazos fijos por 40 mil millones de pesos de ahorro. ¡Explíquenmelo!”, se quejó. E insistió: “¿Cómo puede ser que eso sea un buen sistema de administración?”.
Durante sus años al frente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti impulsó este fondo anticíclico. En el juicio político que le había pedido Elisa Carrió, le cuestionaba el manejo discrecional de ese dinero. Ahora, al menos en su furibundo descargo de ayer, Alberto volvió a poner en la mira el superávit financiero del máximo tribunal en contraste con el colapso de la mayoría de los juzgados.
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Negociaciones. Pese a todo, el tratamiento de una amplia reforma en la Justicia no será sencillo para el Ejecutivo. Por ahora, sigue negociando la figura del nuevo jefe de los fiscales que impulsaron Alberto y Cristina, Daniel Rafecas, que cuenta con la resistencia de Juntos por el Cambio. El camino del juez para convertirse en el futuro procurador tiene muchas piedras en el camino.
Esa falta de consensos en un tema tan urticante como es cualquier reforma en la Justicia para la oposición –que denuncia una y otra vez que lo que busca en realidad el Gobierno es la impunidad de la ex presidenta en varias de las causas de corrupción que tiene en su contra– puede resultar un obstáculo insalvable para las aspiraciones del Ejecutivo.
Esta semana lo vivió en la Cámara de Diputados con la sesión que agitó los ánimos por la inclusión de Daniel Scioli como el diputado 129 para conseguir quórum. Así lo grafica un viejo operador judicial: “Si para cambiar las jubilaciones de privilegio de los jueces tuvieron que pasar ese papelón, imaginate lo que tendrán que pasar si quieren meter una reforma profunda en la Justicia”.
Mañana, Alberto Fernández dará más precisiones.
